Ministerio de Educación anunció nuevas investigaciones en contra de la Fundación San José tras la condena contra Juliana Guerrero por títulos falsos

El Ministerio de Educación Nacional abrió dos investigaciones administrativas preliminares contra la Fundación de Educación Superior San José, por presuntas irregularidades académicas, laborales y en la dirección de la institución que podrían derivar en sanciones legales.

La apertura fue notificada por la cartera el 16 de septiembre de 2026, ordenada bajo el liderazgo de la ministra saliente, Viviane Morales Hoyos.

Las alertas surgieron de los reportes de la Inspectora In Situ, encargada de verificar de forma directa las obligaciones y condiciones bajo las cuales se presta el servicio educativo.

Entre los hallazgos figuran posibles inconsistencias en la expedición de títulos y en el suministro de información al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies).

También se investiga si ciertos programas académicos fueron ofrecidos o desarrollados en condiciones distintas de las autorizadas en sus registros calificados.

La cartera puso bajo revisión la promoción de programas cuyos registros habrían vencido.

Las pesquisas abarcan los pagos a docentes contratados por hora cátedra, que en algunos casos podrían haber estado por debajo del mínimo establecido por la Ley 30 de 1992.

La conformación y operación de los órganos de gobierno, dirección, administración y control de la fundación también forman parte de las indagaciones.

“Las actuaciones involucran a FESSANJOSÉ y a quienes han ejercido funciones de representación, dirección, administración y control en la institución, entre ellos el Representante Legal, el Rector, exrectores, directivos, consejeros, administradores y revisores fiscales”, señaló el ministerio en un comunicado.

Las investigaciones incluyen a representantes legales, rectores y exrectores, directivos, consejeros, administradores y revisores fiscales que hayan tenido funciones dentro del centro universitario.

“El Ministerio de Educación Nacional reitera que las Instituciones de Educación Superior tienen el deber de actuar con debida diligencia y garantizar el cumplimiento de las condiciones de calidad y de la normativa que regula la prestación del servicio público de educación superior”, remarcó.

Caso Juliana Guerrero La apertura de los nuevos procesos ocurrió una semana después de que Juliana Guerrero, joven exfuncionaria de la administración de Gustavo Petro, fuera condenada por fraude procesal tras presentar diplomas falsos para aspirar a la dirección del viceministerio de Juventudes.

La exaspirante alcanzó un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación y recibió una pena de tres años de prisión, una multa de 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes y una inhabilidad de dos años y medio para aspirar a cargos.