Asesinato de testigo protegido en Honduras vuelve a poner bajo presión al Gobierno por el caso Angie Peña
El asesinato de Dereck Isaac McNeil James en Roatán volvió a poner el caso de Angie Peña en el centro de la discusión pública.
McNeil James había sido identificado como testigo protegido del Ministerio Público en la investigación por la desaparición de la joven hondureña, ocurrida en enero de 2022 , y su muerte abrió nuevos cuestionamientos sobre su seguridad.
El presidente Nasry Asfura confirmó que recibió información sobre el asesinato y aseguró que la Policía Nacional da seguimiento a las investigaciones.
“Recibí la información y la Policía está firmemente dándole seguimiento al caso”, manifestó el mandatario al ser consultado sobre el crimen.
Las declaraciones del presidente no cerraron las interrogantes.
El asesinato provocó nuevas exigencias de esclarecimiento, en particular de personas vinculadas con la búsqueda de Angie Peña.
Michelle Melgares, madre de Angie Peña , reaccionó a las declaraciones del presidente y pidió que el Gobierno utilice las capacidades de inteligencia y los recursos disponibles para avanzar en la investigación.
En un mensaje dirigido a Asfura, Melgares cuestionó la información que llega a las autoridades y pidió acciones concretas para esclarecer tanto el asesinato del testigo como la desaparición de su hija.
Exigen respuestas La exviceministra de Seguridad Julissa Villanueva también volvió a pronunciarse sobre el caso y cuestionó los informes que recibe el presidente.
Villanueva advirtió sobre la posibilidad de que se intente desviar la atención de la investigación relacionada con el asesinato del testigo protegido.
Su pronunciamiento introduce otro elemento en la discusión: la necesidad de determinar qué información tenían las autoridades sobre McNeil James , qué nivel de protección recibía y si existían antecedentes o señales que pudieran haber advertido sobre un riesgo para su seguridad.
Hasta ahora, el presidente se ha limitado a señalar que la Policía da seguimiento al caso, sin revelar detalles de las pesquisas.
En 2024, el Ministerio Público presentó pruebas dentro del proceso contra personas acusadas por la desaparición de la joven.
Entre los elementos ofrecidos figuraban declaraciones de testigos protegidos presentadas como prueba anticipada.
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