Ministerio Público de Guatemala activó una alerta por amenazas contra fiscales que investigan al crimen organizado

El Ministerio Público de Guatemala activó una alerta general por amenazas contra fiscales que investigan estructuras vinculadas al narcotráfico, la extorsión y el tráfico de armas, mientras coordina con el Ministerio de Gobernación medidas de protección para evitar que las intimidaciones alteren el curso de las pesquisas.

Antes de que se conociera públicamente la denuncia, las autoridades habían ejecutado 11 allanamientos y varias órdenes de captura en diligencias relacionadas con narcomenudeo y extorsión.

De acuerdo con la Policía Nacional Civil, en esos operativos fueron detenidas cuatro personas señaladas por extorsión, asociaciones delictivas y conspiración para cometer delitos vinculados con comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, entre ellas una empleada del Ministerio Público .

El fiscal general y jefe del MP Gabriel García Luna explicó, citado por Diario La Hora , que la institución cuenta con un esquema de seguridad para los fiscales que enfrentan riesgos en expedientes sensibles.

También dijo que se realizan estudios de análisis de riesgo y que los funcionarios pueden comunicarse directamente para pedir resguardo cuando consideren comprometida su seguridad.

La medida responde a amenazas detectadas contra fiscales que llevan casos de alto impacto.

Según explicó el jefe del Ministerio Público, además de la protección inmediata, hay investigaciones internas en marcha para establecer quiénes están detrás de las intimidaciones y cuál es su origen.

El resguardo se articula con Gobernación y la Policía Nacional Civil García Luna sostuvo que el Ministerio Público necesita trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil en función de las competencias que establece el Código Procesal Penal.

Esa coordinación se concentra en la seguridad de fiscales y operadores que participan en investigaciones penales.

El punto central de esa respuesta institucional es que los fiscales amenazados pueden solicitar medidas de protección y, a partir de esa petición, el MP define el nivel de riesgo y las acciones necesarias.

El funcionario afirmó al medio que “hay estudios de análisis de riesgo. (Los fiscales) tienen la libertad y se comunican directamente para solicitar seguridad al momento en el que sientan que están comprometidos”.

El Ministerio de Gobernación informó que mantendrá y, si es necesario, reforzará la protección para los funcionarios amenazados.

La cartera indicó que, por medio de la PNC, sostiene coordinación permanente con el Ministerio Público para resguardar a fiscales y operadores de justicia expuestos por su trabajo.

Según el ministerio, “la independencia del ejercicio fiscal es indispensable” para el Estado de Derecho.