Kicillof demandó penalmente a Milei y a Caputo ante la justicia federal por el Fondo Hídrico

LA PLATA.- El gobierno de Axel Kicillof demandó hoy penalmente al gobierno de Javier Milei por la subejecución del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica.

La denuncia fue formulada por el ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis , ante la justicia de San Martín.

Recayó ante el Juzgado Federal N°1 a cargo de Emiliano Ramón Canicoba.

El gobierno de la provincia acusa al gobierno nacional de malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes de funcionarios por retardo injustificado de pagos y administración fraudulenta del Fondo Hídrico por parte del Poder Ejecutivo nacional.

La demanda penal apunta al presidente Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo ; al secretario de Finanzas, Federico Furiase, y al secretario de Hacienda, Carlos Guberman .

Se trata de un Fondo creado por decreto 1381/2001, luego ratificado por la ley 26.181 y que se integra con el 4,3% de lo producido por el impuesto sobre los combustibles líquidos y el gas natural asignados por la ley 23.966.

De acuerdo a la norma el fondo debe administrar los bienes con el destino único e irrevocable al pago de obras, mantenimiento, servicios de infraestructura hídrica, servicios de deuda y financiamiento de proyectos hídricos.

“Pese a que la recaudación es casi automática, solo se habrían ejecutado en obras por uno de cada tres pesos recaudados, desde que llegó al poder Javier Milei”, dijo Katopodis.

“Tiene que ser destinado a obras para inundaciones en el contexto de El niño- dijo el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires-.

Ya hay resultados y efectos de mucha gravedad.

En noroeste de la provincia de una semana para otra se viene agravando la saturación del suelo.

Venimos siguiendo el tema.

Ya no hay duda: vamos a afrontar una situación muy pero muy grave”, advirtió.

De acuerdo a las planillas presentadas desde 2024 la ejecución de este fondo a obras solo habría alcanzado un 30 por ciento de lo recaudado -unos 375.000 millones de los que se habrían ejecutado 115.990,24 millones- y el resto se habrían colocado en letras del Tesoro Nacional, según la denuncia penal.