El Consejo de la Magistratura requiere abogados probos

Pocos comicios inciden tanto en la vida institucional del país como la elección de quienes deciden qué jueces tendremos.

El próximo 20 de octubre, los abogados de la matrícula federal en todo el país elegirán a sus representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación para los próximos cuatro años.

La elección llega en un momento crítico.

La demora en la cobertura de vacantes judiciales se ha vuelto un problema estructural que afecta el funcionamiento cotidiano de los tribunales.

La confianza pública en la Justicia está erosionada, y la distancia entre los ciudadanos y el sistema judicial no deja de crecer.

A esto se suma un mecanismo de selección que, en la práctica, hace girar el destino de una candidatura en torno de una entrevista personal ante el plenario, relegando a un segundo plano lo que debería ser decisivo: la trayectoria profesional, la experiencia concreta en el ejercicio del derecho y los antecedentes de los postulantes.

No se trata de una percepción aislada.

En marzo de este año, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación aprobó un proyecto de nuevo Reglamento de Concursos (Acordada 4/2026) y lo remitió al Consejo de la Magistratura para su tratamiento.

En sus fundamentos, el máximo tribunal reconoció que la entrevista personal se venía aplicando “sin criterios suficientemente estandarizados” y con una amplitud que permitía alterar el orden de mérito construido en las instancias técnicas previas.

El proyecto propone acotar esa etapa a veinte puntos sobre un total de doscientos, distribuidos en pautas tasadas, y establecer reglas objetivas para la conformación de las ternas.

Los próximos consejeros abogados serán quienes decidan si esa reforma se adopta o se archiva.

En ese contexto, quiénes ocupen las bancas del estamento de abogados no es un asunto político: es una decisión que moldea la Justicia que tendremos en los próximos años.

Ellos también deben demostrar total independencia de los partidos políticos.

Los candidatos a este estamento deben ser abogados de integridad comprobada, con experiencia genuina en el ejercicio de la abogacía en cualquiera de los departamentos judiciales del país —no solo títulos académicos o cargos formales—.