Organizaciones humanitarias exigen liberación inmediata de abogada opositora en Nicaragua

San José, 28 ago (EFE).- Ocho organizaciones humanitarias exigieron este viernes al Gobierno de Nicaragua, que dirigen los esposos y copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, la liberación inmediata de la abogada opositora nicaragüense Thelma Montenegro, detenida esta semana tras acudir a una delegación policial para renovar su licencia de conducir.

"Denunciamos la detención arbitraria y posterior desaparición forzada de Thelma Montenegro, abogada, notaria pública, defensora de derechos humanos e integrante de la Asociación Madres de Abril, cuyo paradero permanece desconocido desde el 25 de agosto", señalaron organizaciones como el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

Montenegro, destacaron las organizaciones, "ha desarrollado una labor de defensa de derechos humanos y de denuncia frente a la impunidad por los asesinatos de varios integrantes de su familia ocurridos en el contexto de la represión del régimen Ortega-Murillo contra personas opositoras o percibidas como tales".

Su hermano Oliver Montenegro fue asesinado en enero de 2019 en su finca en el municipio El Cuá (norte); posteriormente, en junio de ese mismo año, fueron asesinados su hermano Edgar Montenegro y su hijo de crianza Yalmar Zeledón, en Honduras, donde buscaban refugio.

En agosto de 2019 fue asesinado su esposo, Francisco Blandón Herrera, en la ciudad de Wiwilí, fronterizo con Honduras, indicaron.

Explicaron que la abogada acudió el pasado 19 de agosto a la delegación policial de Santa María de Pantasma, provincia Jinotega, con el propósito de renovar su licencia de conducir, y "una vez en el lugar fue detenida arbitrariamente y las autoridades le incautaron su teléfono celular y documentos personales".

Tras permanecer retenida durante tres días fue puesta en libertad el 22 de agosto.

Al día siguiente las autoridades policiales volvieron a requerir su presencia bajo el supuesto de que debía acudir para recuperar las pertenencias que le habían sido confiscadas durante la primera detención, y cuando se presentó fue de nuevo privada de la libertad, añadieron.

"La negativa de las autoridades a proporcionar información sobre su suerte y paradero constituye una desaparición forzada y la coloca en una situación de particular riesgo e indefensión", advirtieron las organizaciones.

Esos organismos apuntaron que la desaparición forzada en Nicaragua se ha convertido en una práctica sistemática vinculada a la prisión política, utilizada para mantener a las personas privadas de libertad fuera de toda protección efectiva y profundizar el miedo y la incertidumbre.

En el caso de Montenegro, "esta situación reviste especial gravedad por su trayectoria como defensora de derechos humanos y su trayectoria en la búsqueda de verdad y justicia", alertaron.

Exigieron a las autoridades nicaragüenses informar de inmediato sobre las condiciones y el lugar en que se encuentra la abogada y garantizar su integridad personal, respetar y proteger su vida e integridad física, y liberarla.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega, de 80 años y en el poder