Consejo de la Magistratura: lo que está en juego cuando votan los abogados

El 20 de octubre, los abogados de todo el país elegiremos a nuestros representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación por los próximos 4 años.

Este tipo elecciones suelen pasar inadvertidas para muchas personas que defienden los valores republicanos.

Habitualmente peticionan por la necesidad de contar con un Poder Judicial más independiente y eficaz a la hora de combatir la corrupción y resolver con eficacia los reclamos judiciales de la ciudadanía, pero pocas veces tienen presente que un Consejo de la Magistratura de la Nación independiente y eficaz resulta indispensable para lograr esos objetivos .

Lamentablemente, el desempeño del Consejo actual es opaco, poco independiente y claramente ineficaz a tales fines, los resultados están a la vista.

Los procedimientos judiciales son lentos en general.

En aquellos casos en que se investiga algún supuesto de corrupción suelen ser eternos y los procesos de selección de aspirantes a jueces resultan poco transparentes y con un alto grado de discrecionalidad.

Es por tal motivo que un grupo relevante de agrupaciones civiles, integradas todas por abogados/as, decidimos participar en esta elección conformando la lista “Unidad en Defensa de la Abogacía”, de la cual tengo el honor de ser parte en representación del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires.

En la presente columna intentaré explicitar la importancia de estas elecciones y su relación con la necesidad urgente de mejorar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la Nación.

Asimismo, enunciaré algunas de nuestras propuestas a tal fin.

Conforme lo dispone la Constitución Nacional, el Consejo de la Magistratura tiene, entre otras, las siguientes atribuciones : seleccionar mediante concursos públicos los postulantes a jueces y emitir las propuestas al Poder Ejecutivo en ternas vinculantes; ejercer facultades disciplinarias sobre los magistrados; decidir la apertura del procedimiento de remoción de magistrados y, en su caso, ordenar la suspensión y formular la acusación correspondiente; dictar los reglamentos relacionados con la organización judicial y todos aquellos que sean necesarios para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia.

Resulta evidente que el Consejo no está cumpliendo debidamente con las atribuciones que le atribuye la Constitución.

Es por tales circunstancias que el resultado de estas elecciones resulta de suma importancia no sólo para los abogados sino también para todo ciudadano que a diario sueña y reclama vivir en una auténtica república, en donde cuente con tribunales confiables a quienes pueda acudir en forma rápida y efectiva para defender sus derechos.

La triste realidad actual es conocida por todos.