La ofensiva contra el crimen organizado en Suecia que ha marcado las elecciones: “Usaremos todo el poder de la sociedad contra las bandas”

Suecia afrontaba unas nuevas elecciones con la seguridad como un eje central de la campaña.

Según la encuesta de la firma Novus , que elabora el índice “Los temas más importantes para los votantes”, la ley y el orden y la delincuencia es la mayor preocupación.

En la mayoría de países de Europa , la mayoría de estos discursos se vinculan y favorecen a los partidos de extrema derecha.

Sin embargo, en la nación nórdica han sido los socialdemócratas los que han endurecido su postura y logrado la victoria en los comicios.

El resultado dejó a la formación de Magdalena Andersson como la más votada.

Los datos preliminares otorgaban al bloque de centroizquierda 176 de los 349 escaños del Riksdag , frente a los 173 de la coalición de derechas del primer ministro Ulf Kristersson.

La disputa electoral transcurrió después de años de debate sobre los tiroteos, la presencia de bandas en zonas urbanas y la captación de menores por parte de redes delictivas.

Los socialdemócratas buscaron responder a ese escenario con un programa que combinó sanciones más duras, nuevas facultades para el Estado y medidas de prevención.

El 31 de agosto, Andersson y la responsable de política judicial del partido, Teresa Carvalho, presentaron una ofensiva contra el crimen organizado con siete propuestas.

El plan incluyó una ley contra la mafia , mayores penas para delitos económicos graves, confiscación de activos y un programa nacional destinado a familias que viven en contextos de riesgo.

“ Usaremos toda la fuerza de la sociedad contra las bandas que están destruyendo Suecia ”, afirmó Andersson al anunciar la iniciativa.

La dirigente sostuvo que la respuesta debía alcanzar a los jefes de las organizaciones, sus fuentes de financiación y los mecanismos con los que incorporan a niños y adolescentes.

Una ley para perseguir a los jefes de las bandas La primera medida planteó la creación de una ley sueca contra la mafia .

La norma buscaría establecer responsabilidad penal colectiva para integrantes de estructuras criminales y ampliar el uso de testigos de la fiscalía en las investigaciones.