Sesión maratónica en Diputados: el oficialismo busca avanzar con una ley de discapacidad que no convence al Poder Ejecutivo

El oficialismo abrió el recinto de Diputados con la mira puesta en impulsar su propia agenda y evitar que la oposición le marque la cancha.

Para conseguirlo, tuvo que hacer concesiones a sus aliados e incorporar al temario iniciativas que, hasta hace poco, el Poder Ejecutivo se negaba a convalidar o directamente buscaba derogar.

La sesión comenzó a pasadas las 12.20 con la presencia de La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados de Pro, la UCR, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y bloques provinciales.

Se prevén más de 17 horas de debate por la cantidad de proyectos en discusión y las diferencias que atraviesan al arco político.

El punto más sensible es la política de discapacidad.

Frente al rechazo político y social que generó su intención de endurecer el acceso a las pensiones, recuperar el criterio de invalidez laboral y eliminar el nomenclador de prestaciones, el oficialismo en Diputados se vio obligado a negociar una salida intermedia para evitar una crisis mayor.

La propuesta busca, además, impedir que la oposición crítica vuelva a imponer una ley de emergencia.

El dictamen consensuado incorporó aspectos centrales de la ley de emergencia, como la compatibilidad de la pensión por discapacidad con ingresos laborales de hasta dos salarios mínimos, la fijación de la pensión en el 70% del haber mínimo jubilatorio y el sostenimiento del nomenclador de prestaciones.

En el Poder Ejecutivo, sin embargo, persisten los reparos por el costo fiscal de la iniciativa.

Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), alcanzaría casi $600.000 millones en 2027, equivalentes al 0,04% del PBI, y $1,2 billones en 2028, el 0,07% del PBI, si se contempla el padrón completo.

La disputa por la propiedad privada Otro de los retrocesos del oficialismo quedó expuesto en el debate sobre la Ley de Tierras, que establece límites a la compra de terrenos rurales por parte de extranjeros y que el Gobierno pretendía derogar.

Tras un derrotero que también involucró a la Justicia, y ante el riesgo de que la oposición avanzara contra el DNU 70/2023 -que contiene otras derogaciones de peso-, los libertarios terminaron por incorporar la protección de esa norma al proyecto de propiedad privada, que ya había sufrido importantes modificaciones en el Senado.

Además de preservar los límites a la compra de tierras, la iniciativa contempla una agilización de los desalojos, requisitos más rigurosos para las expropiaciones estatales y una modernización del registro de la propiedad inmueble.

Será el primer tema en discusión y, de aprobarse, volverá al Senado para su sanción definitiva.