El Senado dominicano aprueba en primera lectura la ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

El Senado de República Dominicana aprobó en primera lectura el proyecto de ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, una iniciativa presentada por el presidente de la cámara, Ricardo de los Santos Polanco.

La propuesta busca garantizar la tutela judicial efectiva de los ciudadanos frente a la Administración Pública y someter a control judicial toda conducta, acto, actuación u omisión administrativa, informó el organismo.

La propuesta establece un criterio central: no existen actuaciones u omisiones exentas de revisión judicial dentro de ese ámbito.

También reconoce el derecho de toda persona a acudir a los órganos de esta jurisdicción para hacer valer sus derechos e intereses, incluidos los de carácter colectivo o difuso.

Según informó el Senado el 19 de agosto, el proyecto regula la organización y el funcionamiento de los órganos judiciales competentes en materia contencioso administrativa, así como el proceso previsto en la Constitución de la República .

El texto plantea que ese proceso se rige por los principios del derecho administrativo.

La aplicación del derecho procesal civil solo operará de manera supletoria y excepcional, cuando resulte compatible con la naturaleza del proceso contencioso administrativo y cuando los principios propios de esa rama no basten para resolver la cuestión planteada.

Además, el texto del artículo 84 califica como desacato toda conducta omisiva o activa que transgreda lo establecido en una providencia de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, así como aquellos actos emitidos con el propósito doloso de burlar la ejecución del mandato judicial.

Listín Diario añade que la autoridad pública, órgano de la Administración Pública y el funcionario titular del mismo, que incurran en desacato, serán sancionados con el pago de una multa que va de 10 a 400 salarios mínimos del sector público .

Alcance del control judicial La Jurisdicción Contencioso Administrativa tendrá la facultad de revisar y controlar todo tipo de actividad o inactividad administrativa desplegada por cualquiera de los sujetos descritos en el artículo siete del proyecto.

Ese alcance es uno de los ejes de la iniciativa aprobada en primera lectura por el Pleno del Senado.

En términos prácticos, el proyecto busca asegurar que las relaciones entre las personas y la Administración Pública se ajusten al ordenamiento jurídico del Estado.

Para ello, dispone un marco que abarca tanto la conducta activa de la administración como sus omisiones.

El texto también define el acceso a esta jurisdicción como un derecho de toda persona.