Chaco: condenaron a cuatro “cueveros” que escondían millones en los paneles de un auto y a la sociedad que usaron como fachada

La Justicia federal homologó ayer las condenas por lavado de activos e intermediación financiera no autorizada contra cuatro hombres que operaban bajo la fachada de una casa de repuestos en Resistencia, Chaco, y trasladaban millones de pesos ocultos detrás de los paneles de un Toyota Corolla.

También condenó a la sociedad usada para encubrir las maniobras, un indicador relevante para el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) al evaluar la capacidad de la Argentina para perseguir el blanqueo ilegal de activos.

El caso comenzó en 2025, cuando Gendarmería Nacional descubrió $357.210.000 escondidos en distintos compartimientos del Corolla, durante un control sobre la ruta nacional 11, en la provincia de Santa Fe.

A partir de ese hallazgo, los investigadores reconstruyeron una operatoria sistemática de transporte de dinero entre Resistencia y Buenos Aires, con viajes que se repetían aproximadamente cada 48 horas, y determinaron que la estructura societaria de la firma NEAPARTS , que en teoría se dedicaba a la venta de repuestos para autos y motos, servía como cobertura para las actividades financieras clandestinas.

Tras un año y medio de instrucción, el juez federal de Garantías Aldo Mario Alurralde homologó ayer las condenas de Pablo Mauricio Tascón, Marcos Sebastián Ferrero, Fernando Emanuel Viñuela y Christian Emmanuel Froy.

También impuso una sanción a la persona jurídica, de acuerdo con las disposiciones del Código Penal que contemplan la responsabilidad de las empresas involucradas en determinados delitos económicos.

Las multas impuestas a los cuatro hombres suman $714.420.000.

A eso se agregan el decomiso del dinero secuestrado, el vehículo y los elementos utilizados para cometer los delitos.

Según la Fiscalía, el monto conjunto de las multas y los bienes decomisados supera los $1000 millones, cuyo pago se concretará en 24 cuotas mensuales, actualizado por inflación.

La investigación, que estuvo a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada Reconquista, encabezada por el fiscal Roberto Salum, con la intervención del fiscal federal coadyuvante de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Juan Argibay Molina, logró además reconstruir cómo era el negocio financiero que los ahora condenados habían montado detrás de la fachada de una casa de repuestos.

De acuerdo con la acusación, los involucrados realizaban operaciones de compra y venta de moneda extranjera, establecían cotizaciones diferenciadas según el tipo de billete y manejaban simultáneamente pesos, dólares, reales y guaraníes sin la necesaria autorización del Banco Central (BCRA) para operar como intermediarios financieros y cambiarios.

La fiscalía determinó, además, que los viajes de los acusados distaban de ser aislados.