La JNJ impone una segunda destitución a Delia Espinoza
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) aprobó, por mayoría, imponer una segunda sanción de destitución a la exfiscal de la Nación Delia Espinoza por supuestas irregularidades en la investigación preliminar contra el expresidente del Congreso Alejandro Soto .
En este proceso disciplinario se le imputaron dos cargos: una supuesta demora injustificada en la tramitación de la carpeta fiscal y una supuesta reunión extraprocesal con Soto en su despacho congresal.
La ponencia que propuso la sanción de destitución estuvo a cargo del consejero Rafael Ruiz y recibió los votos a favor de los miembros Germán Serkovic y Gino Ríos .
Los consejeros Jaime de la Puente y Cayo Galindo votaron por imponer la destitución, pero únicamente por el cargo de la supuesta inactividad en la carpeta fiscal.
Sobre el segundo cargo, la reunión, votaron por absolverla.
Solo el miembro Víctor Chanduví votó por absolver a Delia Espinoza de los dos cargos al considerar la complejidad del caso contra Alejandro Soto y a la carga procesal de ser la fiscal de la Nación.
También consideró que la reunión haya tenido como objetivo establecer una relación extraprocesal.
Así, la ponencia fue aprobada por mayoría, con 3 votos a favor de la destitución, 2 votos singulares y un voto en discordia por la absolución total de los cargos.
Cuestionada ponencia Según la ponencia aprobada con 3 votos, quedó acredita la supuesta “dilación injustificada” en el trámite de la carpeta fiscal contra Soto Reyes .
Según la ponencia, entre la providencia del 4 de febrero de 2025 y la disposición del 18 de septiembre de ese mismo año, transcurrió un periodo de siete meses sin ninguna actuación fiscal sustantiva de impulso.
La ponencia rechazó el argumento de Delia Espinoza sobre la sobrecarga procesal, que, dijo la exfiscal, alcanzaba las 500 carpetas contra aforados durante su gestión.
El miembro de la JNJ afirma que la alta carga procesal no justificaba el tiempo.
Espinoza también alegó que Alejandro Soto nunca pidió al Poder Judicial que haga un control de plazo.
Pero Rafael Ruiz también desestimó este argumento.
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