La regla final del DHS para considerar a un aplicante de green card como inadmisible ante el Uscis

El Departamento de Seguridad Nacional ( DHS , por sus siglas en inglés) publicó la regla final sobre la causa de inadmisibilidad por carga pública para los solicitantes de residencia permanente o green card .

La normativa deroga la reglamentación de 2022 y restablece una discreción más amplia para que los oficiales analicen la situación de cada aplicante bajo este criterio migratorio .

Cómo cambia la regla de carga pública del DHS y qué evaluará el Uscis La nueva norma elimina las definiciones y las restricciones sobre los beneficios públicos que los oficiales de inmigración pueden evaluar.

A partir de esta reglamentación, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración ( Uscis , por sus siglas en inglés) estará facultado para analizar la totalidad de las circunstancias del solicitante en cada caso individual .

El organismo evaluará los cinco factores mínimos que fija la Ley de Inmigración y Nacionalidad .

Entre estos elementos figuran la edad, el estado de salud, el estatus familiar, los activos y recursos financieros , y la educación y habilidades del candidato.

Luego de realizar el análisis, en caso de que el oficial llegue a la conclusión de que el solicitante no está en condiciones de garantizar su autosuficiencia económica, será considerado como “carga pública” .

Eso lo define como inadmisible ante el Uscis .

Quiénes quedan alcanzados por la carga pública y qué categorías están exentas La medida aplica a los extranjeros presentes en Estados Unidos que envían la solicitud de ajuste de estatus para obtener la tarjeta de residencia permanente .

Asimismo, alcanza a determinados extranjeros que solicitan admisión a Estados Unidos en los puertos de entrada.

El análisis de carga pública no afecta a las categorías de inmigración que cuentan con exenciones estatutarias fijadas directamente por el Congreso federal.

Entre los grupos exentos figuran los refugiados, los asilados y las víctimas de trata de personas con visado T.

Tampoco entran en el alcance de la norma las víctimas de determinados delitos que califican para el estatus U ni los peticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer.

Sin embargo, si un beneficiario de estas categorías cambia posteriormente a una vía de ajuste común, el oficial evaluará sus antecedentes financieros.