El campo protesta por la aprobación de una ley bonaerense que permite usar fondos de caminos rurales para obras hídricas

La tensión entre el sector productivo y el marco político de la provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo de alta temperatura.

La Cámara de Diputados provincial convirtió en ley la iniciativa impulsada por el senador Sergio Vargas , que faculta de forma extraordinaria —y durante un plazo de 180 días— a los 135 municipios a utilizar hasta el 100% de los fondos coparticipados provenientes del Impuesto Inmobiliario Rural para obras de drenaje pluvial, dragado e infraestructura hídrica.

La medida, pensada para liberar la “rigidez burocrática” de la Ley 13.010 frente a la inminencia de lluvias intensas y anegamientos provocados por el fenómeno climático de El Niño, busca que las administraciones locales dispongan de mayor poder de maniobra.

En palabras de los defensores de la norma, de nada sirve perfilar o reparar un camino de tierra si los canales, alcantarillas y arroyos no se limpian a tiempo, condenando a la red vial a quedar tapada bajo el agua.

Sin embargo, para los productores agropecuarios que transitan a diario la golpeada geografía del interior, la perspectiva es radicalmente opuesta: se está desvistiendo a un santo para vestir a otro.

El descontento no tardó en canalizarse formalmente.

La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) y la Sociedad Rural Argentina (SRA) salieron a cruzar con severidad el proyecto aprobado mediante un acelerado tratamiento sobre tablas.

La dirigencia del campo calificó de “inadmisible” que se le quiten partidas presupuestarias a una infraestructura que hoy atraviesa condiciones desastrosas en gran parte del territorio provincial, poniendo en riesgo el transporte de cosechas, el tránsito de hacienda, la llegada a las escuelas rurales y el acceso a los centros de salud .

El senador provincial Sergio Raúl Vargas, autor del proyecto que habilita a los municipios a reasignar los fondos de la red vial rural hacia obras hídricas por 180 días.(Foto: Senado BA).

Grieta por los recursos y la gestión El punto central del reclamo sectorial radica en la afectación de los recursos específicos.

Según recordaron las entidades agropecuarias, los municipios ya perciben sumas considerables a través de la Tasa de Red Vial , la cual —sostienen— se cobra de forma sistemática sin que se traduzca de manera transparente ni efectiva en la reparación de los trazados de tierra.

Permitir el desvío de las partidas del Inmobiliario Rural, que por ley deben ir dirigidas al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales , significa institucionalizar un desfinanciamiento en el momento de mayor vulnerabilidad productiva.