Fiscalía cubana pidió siete años de prisión para un adolescente de 16 años tras protestar contra el régimen
La Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila solicitó siete años de prisión para Jonathan David Muir Burgos , un adolescente cubano de 16 años procesado por el presunto delito de sedición tras las protestas del 13 de marzo en Morón .
Aunque fue excarcelado el 24 de junio, el joven permanece bajo una medida cautelar que limita sus desplazamientos, según documentó el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) .
Jonathan forma parte de un grupo de 19 personas procesada s por las manifestaciones que tuvieron lugar en Morón, en medio del descontento por los apagones , la escasez de alimentos y el deterioro de las condiciones de vida .
Las conclusiones provisionales de la Fiscalía contemplan penas de entre siete y 13 años de privación de libertad.
La petición contra el adolescente todavía no equivale a una condena.
El expediente debe avanzar a la etapa judicial, donde corresponderá analizar los cargos, las pruebas y las responsabilidades atribuidas a cada acusado.
De acuerdo con la información publicada por Martí Noticias, la Fiscalía pidió la pena máxima de 13 años para Hosuán Naranjo Chacón.
Para los adultos incluidos en la causa, entre ellos Brian Pérez Muñoz, solicitó 12 años de prisión.
Entre los menores de edad, Christian de Jesús Crespo Álvarez, de 17 años, enfrenta una petición de ocho años.
Para los demás adolescentes procesados, incluida la causa de Jonathan , las autoridades solicitaron siete años de cárcel.
La investigación se relaciona con los incidentes ocurridos frente a la sede municipal del Partido Comunista de Cuba (PCC) durante las protestas.
Videos difundidos entonces mostraron daños contra puertas y ventanas, lanzamiento de piedras y quema de objetos en la vía pública.
Sin embargo, los antecedentes divulgados sobre la solicitud fiscal no precisan cuáles son las acciones concretas que la acusación atribuye de forma individual a Jonathan .
Familiares de otros imputados cuestionaron la solidez de las pruebas y negaron que sus allegados hubieran intervenido en los hechos violentos.
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