¿Autonomía o autarquía? Los límites de la discrecionalidad regulatoria

F.

Hayek señaló que ningún planificador, por más competente o bien intencionado que sea, puede reemplazar la información dispersa que poseen los agentes económicos.

La administración enfrenta un problema insalvable en tanto no dispone de la información suficiente para asignar los recursos mejor que los mecanismos de mercado.

El problema del conocimiento tiene consecuencias concretas en la fijación de precios , y en el sector energético hay ejemplos claros de cómo el diseño institucional se ha ido acomodando a partir de las limitaciones de la fijación administrativa de precios, pero sobre todo a partir de los efectos adversos derivados de la discrecionalidad de una entidad que concentra todo el poder regulatorio.

Desde inicios de los años noventa, Osinergmin fijaba las tarifas de generación y transmisión eléctrica poniendo en práctica una idea académicamente muy extendida: un regulador autónomo es indispensable para obtener precios razonables que hagan sostenible a la industria en el largo plazo.

Pero, como este resultado no se produjo, aquella idea quedó en entredicho.

La excesiva discrecionalidad en la determinación de tarifas junto con la falta de accountability, dieron paso a la reducción de ese poder regulatorio.

A partir de las reformas del 2006 Osinergmin prácticamente quedó fuera de la determinación de precios tanto en generación como en transmisión y, desde entonces, en estos segmentos los precios son descubiertos a partir de licitaciones competitivas y no decididos en un escritorio.

El segmento que aún permanece bajo completa regulación tarifaria es la distribución eléctrica .

Como era de esperar, allí se concentran buena parte de las controversias entre agentes y regulador.

Numerosas empresas distribuidoras, especialmente del Estado, enfrentan dificultades económicas derivadas de una aplicación tarifaria poco predecible basada en metodologías que asumen que las eficiencias empresariales son eternas y que es conveniente comparar a las empresas reales con una “empresa ideal”.

El Perú comparte con Chile esencialmente el mismo modelo tarifario pero en Chile se ha comenzado a revisar el modelo dadas sus limitaciones para remunerar adecuadamente los activos de las distribuidoras .

Colombia y Brasil, por su parte, han adoptado esquemas basados en una remuneración de activos reales; y, si bien son modelos más contables, incorporan también mecanismos de eficiencia e incentivos.

En la distribución de gas natural el asunto es menos alentador.