La atención también se consume

Durante años nos acostumbramos a pensar que muchos servicios digitales eran gratuitos.

Abrimos una red social, aceptamos términos interminables, miramos un video, compramos con un clic y seguimos adelante.

Pero la gratuidad es una ilusión: el precio de esos servicios se paga con tiempo, datos y atención.

En la economía digital, la atención del consumidor se convirtió en una mercancía disputada minuto a minuto.

El problema no está solo en que las plataformas busquen captar usuarios, sino en cómo lo hacen.

Notificaciones insistentes, alertas de urgencia, opciones preseleccionadas, reseñas dudosas, publicidad encubierta o cancelaciones deliberadamente dificultadas manipulan las decisiones de consumo, sin que los usuarios lo adviertan plenamente.

Las regulaciones jurídicas tradicionales siguen siendo necesarias, pero resultan insuficientes cuando los mercados funcionan a escala global, con algoritmos opacos, datos personales masivos y empresas que operan simultáneamente en varias jurisdicciones.

En ese escenario, la protección del consumidor enfrenta un desafío decisivo.

Ya no se trata únicamente de informar mejor, sino de revisar la arquitectura misma de las propuestas de consumo en el mundo digital.

Las “Directrices de las Naciones Unidas para la Protección del Consumidor” (único documento de soft law de alcance verdaderamente global en el tema) ofrecen un marco extraordinario para orientar políticas y actualizar las normas de los países, aunque su eficacia depende de factores bien concretos: autoridades con recursos, cooperación internacional, mecanismos de reparación accesibles y capacidad técnica para investigar prácticas digitales complejas potencialmente dañosas.

La paradoja es evidente: las mismas herramientas digitales que pueden amplificar fraudes, patrones oscuros y abusos también pueden ayudar a detectarlos.

Sistemas de reclamos en línea, análisis de datos, monitoreo de plataformas y cooperación entre agencias de protección del consumidor (a nivel nacional, provincial, municipal y también internacional) son claves.

Pero se requieren límites claros: transparencia, supervisión humana, protección de la privacidad y seguridad cibernética.

Proteger al consumidor en la economía de la atención no significa frenar la innovación, sino impedir que la innovación avance sobre la autonomía.