Nicaragua está aplazada en la lucha contra la trata de personas, dice Estados Unidos

Nicaragua permaneció en el Nivel 3 de la clasificación sobre trata de personas de Estados Unidos en 2026, porque no cumplió los estándares mínimos para erradicar ese delito ni realizó esfuerzos para alcanzarlos .

El Departamento de Estado señaló que las deficiencias en prevención, protección de víctimas y persecución penal persistieron durante 2025.

Las mujeres, los niños y los migrantes enfrentan una vulnerabilidad particular dentro del país , donde las redes de explotación actúan también sobre personas que buscan empleo o migran al extranjero.

Las regiones autónomas del Caribe concentran factores de riesgo vinculados con pobreza, criminalidad, débil presencia estatal y las consecuencias prolongadas de desastres naturales, especialmente para las comunidades indígenas.

Nicaragua minimizó la gravedad del problema, según el Departamento de Estado, lo que limitó las acciones de información pública, educación y aplicación de la legislación vigente.

Tampoco comunicó medidas para reducir la mayor exposición de las poblaciones caribeñas ni para asistir a nicaragüenses explotados fuera del país .

La clasificación se mantuvo pese a que las autoridades notificaron la condena de seis tratantes, la capacitación de funcionarios y la identificación de nueve víctimas.

El Estado no informó investigaciones, procesos ni condenas contra funcionarios presuntamente involucrados en estos delitos, en un escenario donde la corrupción y la complicidad oficial continuaron siendo motivo de preocupación .

Seis condenas y dudas sobre las cifras oficiales La Ley contra la Trata de Personas de 2015, conocida como Ley 896, penaliza la trata sexual y laboral con condenas de entre 10 y 15 años de prisión.

Cuando intervienen fuerza, coacción o engaño, considerados agravantes por la norma nicaragüense, las penas suben a entre 16 y 18 años; en casos que afectan a menores, alcanzan entre 19 y 20 años.

La legislación define el delito de forma amplia: incluye toda explotación laboral y la adopción ilegal sin fines de explotación, pero no se ajusta a la definición de trata contemplada por el derecho internacional.

Durante 2025, las autoridades dijeron haber investigado siete casos, iniciado procesos contra 15 sospechosos y condenado a seis tratantes.

Dos investigaciones y dos procesos estuvieron relacionados con trata de trabajo infantil; los otros cinco casos investigados y 13 procesos correspondieron a explotación sexual o adopciones ilegales.

Los tribunales impusieron a los seis condenados 20 años de prisión y multas, de acuerdo con las cifras oficiales.