Gobierno subsidiará salarios para frenar despidos tras el terremoto: así funcionará la medida de emergencia

Las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto de 2026 siguen extendiéndose más allá de la emergencia humanitaria.

Con 319 personas fallecidas, 4.506 heridas, 260 desaparecidas y 364 rescatadas, según el balance oficial actualizado con corte a las 6:30 p. m. de este 20 de agosto, el Gobierno puso en marcha un paquete de medidas para impedir que la crisis termine provocando una ola de despidos en las zonas más golpeadas.

Una de las decisiones más importantes del decreto expedido durante la emergencia económica apunta directamente al empleo.

La administración De la Espriella habilitó un mecanismo temporal que permitirá cubrir parte de los salarios y algunos aportes a salud y pensiones con el fin de aliviar la carga de los empleadores afectados.

La apuesta oficial busca dar margen a empresas y trabajadores para atravesar las semanas más difíciles de la recuperación sin recurrir de inmediato a la terminación de contratos, una posibilidad que la legislación laboral contempla en situaciones de catástrofe.

Según el decreto, el objetivo principal es mantener los puestos de trabajo en los municipios impactados por el sismo y proteger el ingreso de miles de familias mientras avanza el proceso de reconstrucción.

El esquema extraordinario contempla que, siempre que existan recursos asegurados para respaldarlo, el Estado pueda asumir temporalmente una parte del costo laboral de las empresas beneficiadas.

Ese respaldo no se limitará al pago parcial de salarios.

La medida también abre la puerta para subsidiar algunos aportes relacionados con salud y pensiones durante la vigencia del mecanismo excepcional.

El Gobierno considera que esa herramienta puede evitar que muchas empresas recurran a despidos como única salida frente a la reducción de ingresos provocada por la emergencia.

El decreto recuerda que, bajo la normativa ordinaria, los artículos 51 y 61 del Código Sustantivo del Trabajo permiten justificar determinadas terminaciones laborales cuando ocurre una catástrofe.

Precisamente para reducir ese escenario, la administración decidió adoptar medidas extraordinarias que faciliten el cumplimiento de obligaciones laborales y de seguridad social durante este periodo excepcional.

Entre esas acciones aparece un alivio temporal frente a contribuciones parafiscales y otros pagos vinculados con la protección social de los trabajadores.

La intención, según el documento, es preservar la sostenibilidad del sistema mientras empleadores y trabajadores enfrentan las consecuencias económicas del terremoto.