Clínicas privadas anunciaron que suspenderán la atención al PAMI y la obra social dice dialogar para evitarlo

Un grupo de entidades que reúnen a centros de salud anunció que se suspenderá la atención a afiliados al PAMI por 48 horas en clínicas privadas.

Será el miércoles y el jueves próximos (21 y 22 de este mes), en reclamo de una actualización de los montos cobrados por los servicios y de cambios en las condiciones en los contratos, que, por ejemplo y según directivos del sector, establecen cupos para determinadas prácticas en cada institución.

Con la medida de suspensión -que no alcanza a la atención de emergencias-, las entidades dicen buscar “una respuesta urgente que permita sostener las prestaciones” y evitar un mayor deterioro que, según indican, no se limitaría a la población del PAMI, sino que se extendería al sistema sanitario en general.

Según dijeron a LA NACION fuentes del sector, entre diciembre de 2023 y julio de este año, al tiempo que la inflación general fue de 241,8%, la cápita que paga el PAMI subió nominalmente un 110,55% en promedio.

Por eso, haría falta una suba de 62% para que la variación de los aranceles quedara empatada con la que tuvieron los precios de la economía en general, si se toma como punto de partida el mes en el que asumió el actual Gobierno.

Sin embargo, el retraso se acumula desde antes.

Según cálculos basados en un informe sectorial, lo pagado por la obra social por las principales prestaciones debería aumentar más de 90% para equiparar la inflación que hubo hasta junio pasado desde el inicio de 2023 (el año en el que el Índice de Precios al Consumidor, IPC, del Indec, avanzó un 211,4%).

La suspensión de servicios por 48 horas fue anunciada por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress), la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas (Acami), la Asociación Civil Salud Federal y la agrupación Clínicas de la Patagonia.

En total, esas instituciones representan a más de 100 entidades de diferentes partes del país.

“La decisión llega después de muchos meses de gestiones en los que no prosperaron las instancias de diálogo impulsadas por las cámaras y mantenidas con autoridades de la obra social de los jubilados y del Ministerio de Salud”, señala el comunicado.

A la vez, se afirma que no hubo respuesta a un pedido de audiencia urgente que se le cursó el 14 de septiembre al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli, tal como informó en su momento este medio.

Con el funcionario, pretenden hablar de “la necesidad de avanzar en una reforma tributaria” para el sector y de encontrar una vía de solución para las cerca de 5000 entidades que mantienen deudas con el fisco, amparadas en la medida que le impide a ARCA iniciar ejecuciones por obligaciones impagas.

Esa disposición fue prorrogada varias veces en las últimas décadas.