Por qué la jueza porteña consideró inconstitucional aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil a un adolescente de 14 años

La jueza porteña Laura Beatriz De Marinis , titular del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.º 3 de la Ciudad de Buenos Aires, quedó en medio de la polémica al considerar que es inconstitucional aplicar el nuevo Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801) a un menor de 14 años debido a que la baja de la edad de punibilidad resulta “regresiva” en materia de derechos humanos y vulnera los tratados internacionales .

Uno de los fundamentos principales que expuso la magistrada en su resolución judicial sobre la situación del adolescente imputado en una causa por tentativa de robo, identificado como M.I.A., fue, entre otros, que someter a un proceso penal a personas menores de 16 años constituye un retroceso institucional, un hecho “regresivo”, con respecto al estándar internacional previo , con lo que considera que se vulneran los derechos consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño .

Sostuvo en la resolución que someter a un menor de 14 años a la persecución del sistema penal, cuando antes la respuesta recaía sobre el sistema de protección integral de derechos, resulta una medida regresiva frente a su derecho a recibir asistencia .

Además, señaló en el fallo que el delito que se le atribuye al menor se trató de una “conducta burda y torpe, propia de la de un adolescente.

Esta inmadurez es la que justifica el trato diferenciado que vengo apuntando desde el inicio de estas líneas, y es la que debe ponderarse al evaluar el principio de proporcionalidad en la respuesta estatal” .

Este último criterio permite determinar que el encierro o la persecución penal en tramos tan tempranos de la vida de una persona no soluciona el problema de fondo sin un sistema socioeducativo adecuado previo.

La jueza sostuvo además que, ante una infracción por debajo de la edad mínima previa, el Estado debe responder mediante asistencia y reconocimiento de derechos a través de agencias de protección integral en lugar de recurrir al sistema penal.

“Ante una conducta que infringe la norma penal, lo que el Estado debe hacer es un abordaje desde las agencias estatales diseñadas para dar asistencia y reconocimiento de derechos” , explicó la magistrada.

Para De Marinis, aplicar sanciones penales a un adolescente de 14 años significa que se les quita la responsabilidad a los adultos del desamparo sufrido por los jóvenes durante la primera infancia.

En su consideración, la incorporación al sistema penal debe ser siempre el último recurso.

“El debate sobre el particular es fundamental y profundo; no puede derivar en la sola responsabilización de los niños, niñas y adolescentes, porque ese no es el norte de la Convención sobre los Derechos del Niño.