Corte Suprema pidió reforzar la seguridad por el caso ‘Kiko’ Gómez y De la Espriella aprovechó para lanzar fuerte advertencia

A través de una misiva, el magistrado José Joaquín Urbano Martínez pidió medidas de protección urgentes para los integrantes de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema y sus familias, ante posibles riesgos derivados de la condena contra Juan Francisco Gómez, alias Kiko Gómez.

La solicitud quedó consignada en un oficio fechado el 2 de septiembre de 2026 y dirigido al presidente de esa sala, Carlos Roberto Solórzano Garavito.

La petición del togado se apoyó en varios hechos reportados en el mismo proceso.

El procurador Pedro Luis Bonilla Bolaños informó sobre una bala disparada dentro de su oficina en el Ministerio Público: halló dos ventanas rotas y rastros de dos disparos de fusil.

La procuradora Gloria Guzmán Duque, por su parte, expresó preocupación por su seguridad tras la circulación en plataformas virtuales de un supuesto plan criminal.

Ante este panorama, Urbano Martínez advirtió en el oficio que “existe la posibilidad de que los magistrados de la Sala de Casación Penal estemos en riesgo”.

En la carta, el integrante del alto tribunal solicitó que la información fuera remitida a la Dirección de Protección de la Policía Nacional para aumentar de forma urgente los esquemas de seguridad.

La preocupación, según el documento, también abarcó a las familias de los magistrados.

Los hechos que activaron la alarma de seguridad Al respecto, Bonilla Bolaños, procurador primero delegado para Casación Penal, informó el 1 de septiembre que la semana anterior apareció una bala disparada dentro de su oficina , ubicada en el piso 26 de la sede de la Procuraduría en Bogotá .

El funcionario intervino ante la Corte para pedir que se condenara a Gómez, motivo por el que considera que detrás de este acto estaría el polémico exgobernador de La Guajira, condenado por concierto para delinquir agravado.

Por su parte, el magistrado Urbano Martínez añadió en el oficio otro reporte del mismo despacho que Bonilla, “esta semana, al llegar a su oficina, encontró dos ventanas rotas y evidencia de dos disparos de fusil”.

A esos reportes se sumó la alerta presentada el 26 de agosto por Guzmán Duque, en su calidad de procuradora judicial II y que promovió una de las demandas de casación contra la absolución que, en octubre de 2024, dictó el Tribunal Superior de Bogotá.

La mujer indicó preocupación por su seguridad personal y por la de los funcionarios judiciales que intervinieron en ese proceso, pues se teme de un supuesto plan criminal.

“Un poderoso asesino guajiro —hoy preso y con varias condenas en última instancia— les pidió a los miembros de su familia renunciar a los cargos públicos que ocupan y radicarse en Italia , donde tiene nacionalidad”, lo anterior mientras se ejecutarían los tres asesinatos que habría ordenado.