Por qué República Dominicana sigue en la lista de países con avances insuficientes contra la trata de personas, pese a sus reformas de 2025

Un agente de la Policía Nacional de República Dominicana recibió una condena de 20 años de prisión por trata de personas con fines sexuales, el caso más grave de complicidad estatal detectado en 2025.

El dato figura en el Informe sobre la Trata de Personas de 2026 del Departamento de Estado de Estados Unidos, divulgado esta semana.

El documento confirma que el país se mantiene en el Nivel 2 de la clasificación estadounidense, la misma categoría que ocupaba en el reporte anterior.

Esa posición agrupa a naciones que no cumplen totalmente los estándares mínimos contra la trata , pero que muestran avances sostenidos.

El gobierno dominicano respondió con una lista de medidas propias Tras la publicación, las autoridades dominicanas emitieron un comunicado con su propio recuento de acciones.

Mencionaron 1,050 inspecciones laborales en sectores de riesgo como agricultura, construcción e ingenios azucareros, 11 empresas suspendidas por indicios de trabajo forzoso y más de 7,400 trabajadores migrantes formalizados mediante contratos.

República Dominicana se mantiene en el Nivel 2 porque, pese a reformas legales y más condenas, el país no identifica ni investiga suficientemente los casos de trabajo forzoso, en especial en zonas rurales, y carece de refugios especializados para hombres víctimas del delito.

En julio de 2025, el país modificó la Ley 137-03 para elevar las penas de prisión por trata de personas: de un rango de 15 a 20 años pasó a 20 a 25 años, con las multas correspondientes.

Las condenas subieron, pero las investigaciones cayeron a menos de la mitad Durante 2025, los tribunales dominicanos condenaron a 30 traficantes , frente a 11 el año anterior.

De ellos, 29 fueron sentenciados por trata sexual y uno por trabajo forzoso, con penas de entre seis meses y 20 años de prisión.

El contraste llega por el lado de las pesquisas.

El gobierno investigó 94 casos de trata en 2025, una caída marcada frente a los 229 registrados en 2024.

Los procesamientos, en cambio, aumentaron de 50 a 73 presuntos traficantes.

Washington subraya que esa reducción en las investigaciones coincidió con una concentración casi total de los recursos policiales en la trata sexual urbana.