Casación cambió la integración para revisar recursos de Bailaque en causas vinculadas al narcotráfico y una presunta extorsión

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió que tribunales colegiados deberán revisar una serie de impugnaciones vinculadas con Marcelo Bailaque , el exjuez federal de Rosario acusado en distintas causas por presuntas irregularidades cometidas durante su función.

Las decisiones alcanzan a dos expedientes diferentes que todavía tienen cuestiones probatorias y procesales pendientes antes del juicio.

En ambos casos, el camarista Daniel Petrone había sido sorteado para intervenir de manera unipersonal.

Sin embargo, consideró que las impugnaciones debían quedar en manos de una integración colegiada y devolvió los expedientes a la Oficina Judicial de la Cámara Federal de Casación Penal para que continúe el trámite bajo ese criterio.

Los pronunciamientos no resuelven todavía ninguno de los planteos de fondo.

La definición alcanzó, por ahora, a la forma en que deberá integrarse el máximo tribunal penal del país para analizarlos .

Bailaque estuvo al frente del Juzgado Federal N°4 de Rosario hasta el 1° de julio de 2025 , cuando se hizo efectiva la renuncia que había presentado al cargo y que fue aceptada por el Poder Ejecutivo.

Para entonces ya enfrentaba distintas investigaciones penales por su actuación como magistrado.

Uno de los expedientes es el FRO 9010/2024 , vinculado con la actuación del exjuez en investigaciones relacionadas con Esteban Lindor Alvarado , uno de los nombres centrales del narcotráfico rosarino .

En ese caso, el Ministerio Público Fiscal acusó a Bailaque de haber favorecido los intereses de personas vinculadas con la organización de Alvarado mientras tenía a su cargo investigaciones sobre esa estructura.

De acuerdo a la acusación, el entonces juez habría demorado el avance de una causa iniciada en 2013 y rechazado distintas medidas impulsadas por los fiscales, entre ellas intervenciones telefónicas y cautelares sobre bienes de las personas bajo investigación.

La fiscalía también puso el foco en la relación de Bailaque con un contador que, además de ser su asesor personal, prestaba servicios a personas y sociedades vinculadas con Alvarado.

A partir de ese vínculo, el MPF le atribuyó al exmagistrado haber actuado en connivencia con el profesional para favorecer los intereses procesales de los investigados .

En ese tramo fue acusado por incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de persecución penal y prevaricato .