Cuando la cárcel se convierte en un call center del crimen

La reciente decisión del gobierno nacional de extender a las cárceles provinciales el mecanismo de bloqueo de celulares activados dentro de los establecimientos penitenciarios constituye una medida tan necesaria como urgente.

El Estado no puede aceptar que la privación de la libertad sea solamente física mientras la capacidad de delinquir permanece intacta en el mundo virtual.

La decisión, adoptada mediante resolución del Ente Nacional de Comunicaciones ( Enacom ), extiende así una disposición que ya regía para los establecimientos federales.

Las provincias que adhieran al protocolo podrán solicitar, a través del Ministerio de Seguridad de la Nación , el bloqueo del IMEI , del IMSI (las identidades del equipo móvil y del abonado) y de la línea asociada a los que sean activados dentro de las áreas penitenciarias o sectores de acceso restringido.

La intervención deberá ser solicitada formalmente y deberá quedar registrada.

Se prevén, además recaudos técnicos para evitar que el bloqueo afecte las comunicaciones fuera de los penales.

Se trata de un principio de solución institucional a un problema que, durante demasiado tiempo, ha venido siendo tratado como un mero hecho administrativo, sin tomar debida conciencia de los trágicos efectos que el uso ilegal de los celulares continúa causando en la población extramuros ni de la evidente connivencia político-penitenciaria que los ha venido facilitando.

El objetivo no es impedir arbitrariamente la comunicación de los internos con sus familias o sus abogados, sino prohibir que un detenido disponga en su celda de una herramienta con la que pueda dirigir una organización criminal, elegir víctimas, ordenar amenazas, coordinar robos y recibir el producto de sus delitos .

La discusión se volvió especialmente urgente tras la pandemia de coronavirus.

Lo que había nacido como una excepción razonable ante la imposibilidad de recibir visitas facilitando los contactos familiares durante el aislamiento, terminó convirtiéndose, en algunos distritos, en una situación que excedió largamente la emergencia.

En la provincia de Buenos Aires llegaron a registrarse decenas de miles de teléfonos en manos de personas privadas de la libertad.

Las propias autoridades penitenciarias reconocen que las redes sociales no forman parte de los usos autorizados, mientras funcionarios judiciales hace tiempo que advierten que era previsible que esos dispositivos fueran ser utilizados para continuar delinquiendo.

Sin embargo, pasaron años y no se adoptaron los imprescindibles recaudos o, lo que es peor, se apañó a los delincuentes .

La llamada Banda del Millón mostró con crudeza el problema en el conurbano bonaerense.