La Corte definirá quién investigará las maniobras de Chiqui Tapia y Toviggino al mando de la AFA

La Corte Suprema de Justicia será el tribunal que defina finalmente qué juez es el que deberá investigar a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por defraudación y lavado de dinero, tras ocho meses de idas y venidas entre jueces federales, de instrucción, penal económico y federales de la Ciudad de Buenos Aires y de Campana.

La AFA aspira a que todas sus causas queden en el Juzgado Federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay , quien pugna por concentrar todos los expedientes.

Logró un reciente fallo de los jueces Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, de la Cámara Federal de Casación, que decidieron enviarle el caso de la quinta de Pilar.

En este expediente se investiga la compra del predio, que se sospecha que pertenece a Pablo Toviggino , tesorero de la AFA, pero que está a nombre de otras personas que habrían oficiado como testaferros, ya que se trata de una jubilada y un monotributista.

Ahora, el fiscal ante la Cámara de Casación Mario Villar recurrirá esa decisión de Borinsky y Barroetaveña ante la Corte Suprema de Justicia mediante un recurso extraordinario, según adelantaron fuentes judiciales a LA NACION .

El plazo para presentar ese recurso vence el 31 del mes en curso.

Si la Corte lo admite, podría definir qué juez es competente en el caso.

Se trataría de un asunto inusual, ya que la Corte no suele resolver estos temas.

Pero este caso tampoco tiene un curso normal, dado que un planteo de competencia como este viene rebotando desde hace ocho meses entre diferentes jueces sin que nadie investigue ni el supuesto fraude ni el supuesto lavado de dinero.

La Corte ya tiene en sus manos otro asunto de competencia para resolver en la causa AFA, que es el vinculado con la denuncia de defraudación que presentó el empresario Guillermo Toffoni por el presunto desvío de unos 400 millones de dólares por parte de la entidad de fútbol, que preside Claudio “Chiqui” Tapia.

Ese caso está ahora en manos del Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, que se apresta a dictaminar para que luego resuelva la Corte si esa causa permanece en la justicia ordinaria, de instrucción de la Capital Federal, o en la justicia federal.

Todo hace pensar que seguirá en la justicia ordinaria.

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