A la par del debate por el Código Penal, el Gobierno trabaja en una reforma de la Justicia: los detalles
A pesar de que todavía sigue frenado el envío del nuevo Código Penal por diferencias internas, el Gobierno ya trabaja en un proyecto para reformar todo el Poder Judicial , que contempla la eliminación de algunos tribunales y la creación de otros, con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema.
La iniciativa, aunque ya está bastante avanzada e incluso tendría un posible nombre -que podría generar algún comentario pícaro por sus siglas, si se llega a confirmar-, todavía está en manos del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.
De acuerdo con lo que pudo saber Infobae , el texto va a abordar varios aspectos de cómo funciona actualmente este sector, aunque el cambio principal es la reorganización de juzgados federales.
Para esto, el oficialismo quiere modificar la ley de Organización de la Justicia Federal y, por ejemplo, bajar de 12 a ocho los juzgados de primera instancia de Comodoro Py y de 13 a nueve los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal, la última instancia penal por debajo de la Corte Suprema.
“La propuesta va más allá de eso, no solo se van a cerrar determinados tribunales, sino que también se van a abrir otros.
Todo esto se está pensando todavía”, explicó a este medio una persona que está trabajando en el tema.
Aunque no es el efecto prioritario al que el Gobierno está apuntando, sí esta iniciativa se envía al Congreso y se aprueba, también se van a reducir las vacantes en el Poder Judicial, una problemática de larga data en el ambiente.
“Hay que ver cómo queda finalmente redactado, pero posiblemente también ayude con eso.
Lo estamos terminando”, precisó la fuente consultada.
Para el Ejecutivo, esta situación viene siendo un dolor de cabeza y, aunque ya envió 203 pliegos al Senado en lo que va del año (144 para jueces, 26 para fiscales, 25 para defensores y cuatro listas de conjueces), hasta el momento solo fueron designados 96 funcionarios.
En este contexto, otros 85 candidatos siguen a la espera de acuerdo parlamentario y en la Casa Rosada se pusieron la meta de alcanzar unas 300 postulaciones antes de fin de año y reducir la vacancia judicial del 35% inicial al 27 por ciento.
La iniciativa también apunta a una fuerte disminución de causas que todavía están en trámite y en una nueva distribución del poder dentro de los juzgados, reduciendo las subrogancia.
Asimismo, el Ministerio de Justicia evalúa transferir a las provincias los fondos que queden disponibles por esa reducción de cargos y, al mismo tiempo, seguirá impulsando el traspaso de la Justicia nacional ordinaria a la Ciudad de Buenos Aires, una deuda que lleva décadas.
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