La impunidad alcanza 86.6% en ataques contra periodistas en Honduras

La libertad de prensa en Honduras enfrenta un problema que va más allá del número de agresiones registradas: la mayoría de los casos no termina en una sanción .

Un informe presentado por el Comité por la Libre Expresión ( C-Libre ) sitúa en 86.6% el nivel de impunidad de las agresiones denunciadas contra periodistas y comunicadores sociales, un indicador que la organización considera parte de un patrón persistente de censura, hostigamiento y ausencia de respuesta institucional.

La directora ejecutiva de C-Libre, Amanda Ponce , señaló que el documento identifica tres problemas centrales: restricciones al pluralismo informativo, ataques legales y hostigamiento, además de una “memoria negada” vinculada con asesinatos de comunicadores que continúan sin sentencia.

Funcionarios públicos aparecen entre los principales agresores Uno de los datos más relevantes del informe corresponde a 2025.

Según C-Libre, 52.8% de las agresiones registradas ese año fueron atribuidas a funcionarios públicos , una cifra que coloca al propio Estado en el centro de los cuestionamientos.

Dentro de ese grupo, la organización señaló que 49% correspondió a miembros de las Fuerzas Armadas y 17% a agentes de la Policía Nacional.

Estos señalamientos coinciden con alertas previas emitidas por C-Libre sobre episodios de intimidación, descalificación pública y presión contra periodistas y medios por parte de instituciones estatales.

En 2025, por ejemplo, la organización denunció comunicaciones oficiales de las Fuerzas Armadas contra publicaciones periodísticas y posteriormente advirtió sobre un patrón de intimidación militar en el contexto electoral.

El informe también identifica un aumento significativo de los casos de censura durante 2025 .

Ponce aseguró que este tipo de incidentes creció 140% y que diez casos se concentraron únicamente el 30 de noviembre , día de las elecciones generales.

El contexto electoral elevó los riesgos para los periodistas encargados de cubrir centros de votación, instituciones públicas y el proceso de divulgación de resultados.

C-Libre documentó episodios de obstrucción informativa e intimidación durante las elecciones, incluyendo restricciones contra reporteros y campañas de estigmatización dirigidas a medios de comunicación.

La organización también ha advertido que los discursos de funcionarios que desacreditan a medios y periodistas pueden incrementar los riesgos de agresión y fomentar la autocensura.

El problema continuó en 2026 Las señales de deterioro no terminaron con el proceso electoral.