Tras operación de extensión de dominio a Lili Pink: la empresa anunció demanda por irregularidades en la investigación por parte de la Fiscalía
El 21 de septiembre de 2026, la Fiscalía General de la Nación reportó un segundo operativo de extinción de dominio sobre bienes asociados a Lili Pink, marca de ropa interior femenina, por su presunta relación con una investigación por contrabando y lavado de activos.
La actuación se produjo después de varios cuestionamientos judiciales sobre el caso.
Cuatro jueces declararon ilegales elementos probatorios y otro negó la medida de aseguramiento contra los imputados, considerando insuficiente la sustentación presentada por el ente acusador.
La defensa sostuvo que las medidas alcanzaron bienes sin relación con la compañía y adquiridos antes de su creación.
Andrés Jiménez, integrante del equipo defensor, afirmó: “Nuevas medidas sobre bienes ajenos a la marca.
La Fiscalía impuso medidas de extinción de dominio sobre bienes que, según la defensa, no tienen relación con Lili Pink e incluso fueron adquiridos antes de su existencia.
Grave afectación patrimonial.
La defensa considera que estas medidas tienen efectos confiscatorios y afectan inversión extranjera legítimamente realizada en Colombia”.
Los abogados advirtieron que las nuevas decisiones podrían ser una represalia por los “fracasos” del ente acusador durante las audiencias preliminares, en las que no logró que se ordenara la detención de los procesados.
También señalaron una diferencia en el ritmo de las investigaciones: una denuncia sobre presuntos hechos de corrupción en la Dian permanece sin avances relevantes, mientras el expediente de la marca ha sumado actuaciones cada semana.
Los dueños de Lili Pink plantean una demanda de reparación contra las decisiones patrimoniales, que fueron objeto de reproches judiciales.
La Fiscalía debe presentar el escrito de acusación mientras continúa el capítulo de extinción de dominio, y el juicio será el escenario para que la defensa cuestione los señalamientos y el ente acusador sustente la responsabilidad atribuida en la imputación.
“La Fiscalía ya ha recibido serios cuestionamientos judiciales.
Cuatro jueces han declarado ilegales elementos probatorios dentro del proceso y, posteriormente, otro juez negó la medida de aseguramiento al considerar insuficiente la sustentación presentada por la Fiscalía .
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