Embargan por casi US$30.000 a una diputada nacional libertaria por un emprendimiento inmobiliario

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- La Justicia de Río Negro autorizó un nuevo embargo preventivo por un monto de US$29.970 contra la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Lorena Villaverde .

La resolución fue dictada por el juez Cristian Tau Anzoátegui , a cargo de la Unidad Jurisdiccional N° 5 de la III Circunscripción Judicial, en respuesta a la demanda de un particular residente de Bariloche por supuestos incumplimientos en el desarrollo inmobiliario Tajamar , ubicado en la villa balnearia de Las Grutas.

El conflicto se origina en un presunto incumplimiento en la entrega de un lote adquirido en ese complejo costero.

Al tratarse de una medida cautelar en el fuero civil, la disposición posee un carácter estrictamente preventivo destinado a resguardar un eventual resultado del juicio.

En ese sentido, no representa una definición de fondo sobre la veracidad del reclamo ni constituye una condena.

Este fallo suma un nuevo capítulo al frente judicial que afronta la parlamentaria por la comercialización de terrenos en Las Grutas.

Los reclamos en su contra incluyen demandas civiles y denuncias penales.

Distintos compradores han denunciado dificultades relacionadas con la escrituración, la entrega de los lotes y la provisión de infraestructura básica.

Anteriormente, Villaverde ya había sido objeto de otras medidas de similar tenor.

En diciembre de 2025, el juez civil de Bariloche Santiago Morán dispuso el embargo de su dieta parlamentaria y aguinaldo por un monto aproximado de $40,5 millones de pesos .

Asimismo, en marzo de 2026 se conoció otro embargo preventivo que superaba los $31 millones de pesos, además de otros dictados en 2025 cercanos a los $50 millones.

En la mayoría de estos casos, la Justicia ordenó de manera cautelar el bloqueo de los fondos bancarios de la legisladora.

Ante la difusión de la medida, en diálogo con LA NACION , Villaverde se manifestó sorprendida y aseguró que no ha recibido ninguna notificación oficial por vía personal o a través de sus abogados.

“Vuelvo a enterarme primero por los medios”, criticó la legisladora, calificando como “obsesivo y obsceno” el hecho de no recibir el debido proceso que le permita ejercer su derecho de defensa antes de ser “condenada públicamente por el poder informal”.