La letra fina del proyecto Malvinas: el Gobierno pondera las diferencias con la ley actual, la forma de aplicación y los “derribos”

A la espera de que el proyecto por Malvinas inicie su tratamiento en comisiones en la Cámara de Diputados, el Gobierno justifica la nueva normativa no en una cuestión de timing político, como le achaca la oposición.

Dicen en la Casa Rosada que la ley vigente, la 26.659, sancionada por Cristina Kirchner en 2011, tiene “problemas serios en su aplicación” y que se necesita aggiornarla .

Todo va encaminado a que el debate en Diputados comience el 30 de septiembre.

Fuentes oficiales aseguran que si la nueva iniciativa -llamada formalmente “de Defensa de la Soberanía Nacional”- se sanciona, tienen la voluntad de ir “con el cuchillo entre los dientes” contra las compañías que operen ilegalmente en el Atlántico, contra sus accionistas y sus proveedores.

Más allá de que la redacción se apuró después de la cadena nacional que montó Javier Milei el pasado 4 de septiembre, en el Gobierno afirman que ya cuentan con una serie de empresas en la mira para aplicarles el proceso de penalidades que contempla la nueva ley ni bien salga, si consigue apoyo parlamentario.

El texto remitido al Congreso, de 43 páginas , no solo baraja esas sanciones, sino que también aborda otros ejes que formarán parte de la discusión en el Congreso con las bancadas opositoras.

“Una vez que se sancione, la idea es ir con el cuchillo entre los dientes contra aquellas empresas que están explotando nuestros recursos, o proveyéndoles servicios, o contra sus accionistas.

No son tantas, tenemos un universo más o menos visto; en principio no hemos detectado muchísimas ”, afirma a LA NACION una alta fuente del Gobierno respecto de cómo procederán en el caso de que la iniciativa anunciada por Milei logre aval del Congreso.

“La ley vigente tiene deficiencias técnicas, más allá de que es bien intencionada.

Puede ser que haya existido un tema político de no utilizar esa ley, pero fundamentalmente tampoco se usó porque tiene problemas serios en su aplicación ”, refiere la misma voz, para defender el proceso que inició la Casa Rosada y que es cuestionado por la oposición, que le achaca a Milei un sesgo electoralista y estar subido a los dichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump .

En la sede del Ejecutivo destacan, en primer término, que la ley no solo permitiría inhabilitar a las empresas, sino también aplicarles multas o ambas cosas.

Pero sobre todo hacen énfasis en lo que decidieron llamar “el Régimen de Desistimiento y Regularización” , como principal diferencia con la legislación vigente.

“La ley actual establece una sanción de cinco a 20 años y así estamos expulsando a las empresas de la Argentina e incentivándolas a que sigan radicadas en terreno en disputa.

Nosotros no necesitamos excluir, sino que vengan.