Tras la aprobación de la Corte a la reforma pensional, quienes queden fuera del régimen de transición pagarían hasta $437.700 más al mes: esta es la razón
La Corte Constitucional reactivó la reforma pensional y fijó su entrada en vigor para el 1 de abril de 2027, una decisión que deja intactas las reglas actuales hasta marzo de ese año, pero que ya obliga a hacer cuentas porque quienes queden por fuera del régimen de transición podrían pagar entre $35.000 y cerca de $437.700 más al mes al Fondo de Solidaridad Pensional, según un análisis de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá.
El cambio más visible para el bolsillo surge de ese estudio de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, elaborado con valores de 2026.
La estimación parte de la nueva escala de aportes para quienes no conserven las normas anteriores y toma como referencia desde cotizantes de cuatro salarios mínimos hasta quienes llegan al tope de 25.
La ley debía empezar en julio de 2025, pero la Corte la suspendió por una falla de trámite y ordenó repetir la votación en la Cámara.
El 25 de agosto avaló la corrección de la mayor parte del articulado, devolvió nueve apartes y un artículo propuesto, y dejó pendientes demandas de fondo.
Hasta esa fecha continúa aplicándose la Ley 100.
Un empleado sigue aportando 4% de su ingreso base y su empleador 12%, mientras que un trabajador independiente mantiene una cotización de 16%.
Con un ingreso base de $3 millones, eso significa un aporte de $120.000 para un asalariado y de $480.000 para quien cotiza por cuenta propia .
Las edades de pensión tampoco cambian por ahora: 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.
Según el análisis, la reactivación de la reforma no implica un aumento automático de descuentos desde ahora ni modifica de inmediato la edad exigida para pensionarse.
El punto que sí exige revisión desde hoy son las semanas cotizadas.
El artículo 75 protege a las mujeres con 750 semanas y a los hombres con 900 cuando la norma entre a regir, pero ese umbral no concede la pensión, sino que define quién conserva las reglas anteriores.
Sonia Liliana Tejedor, directora del programa de Contaduría Pública de la Universidad de San Buenaventura sede Bogotá, explicó que “el dato decisivo ya no es la edad: cada persona debe saber cuántas semanas tiene y cuánto le falta para el corte” .
Por eso recomendó descargar la historia laboral, compararla con contratos y desprendibles, y reclamar aportes ausentes o salarios reportados de manera errónea.
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