Panamá digitaliza completamente la evaluación de los estudios ambientales

La evaluación ambiental de proyectos en Panamá dejó atrás parte de su recorrido entre expedientes impresos, traslados y entregas presenciales.

La plataforma e-SEVIA 2.0 comenzó a gestionar digitalmente todas las fases de los Estudios de Impacto Ambiental , desde la admisión hasta la decisión final, con acceso para promotores, consultores, instituciones públicas y ciudadanos.

La herramienta representa la segunda etapa del Entorno Digital del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Su principal cambio consiste en integrar la recepción, revisión, análisis y resolución dentro de un mismo espacio tecnológico , en lugar de limitar la digitalización al ingreso inicial de documentos.

Cada solicitud podrá seguirse mientras avanza por las distintas instancias técnicas.

El sistema admite estudios de las categorías I, II y III, clasificadas según la magnitud y el alcance de los posibles efectos ambientales .

La primera corresponde a iniciativas que no generan impactos negativos significativos; la segunda comprende afectaciones moderadas que requieren medidas conocidas, mientras la tercera abarca proyectos con consecuencias importantes, acumulativas o de mayor complejidad .

Para los promotores, el nuevo modelo busca reducir viajes, costos administrativos y tiempos asociados con el intercambio físico de expedientes.

Los estudios ya no tendrán que presentarse mediante múltiples ejemplares impresos después de su admisión , una exigencia que elevaba el consumo de papel y obligaba a movilizar documentos extensos entre oficinas centrales y regionales.

La digitalización también pretende dejar una huella verificable de cada actuación.

El sistema deberá registrar cuándo se recibió un documento, quién lo examinó y en qué etapa permanece , lo que puede reducir la incertidumbre que enfrentaban empresas y consultores.

La trazabilidad, sin embargo, dependerá de que la información sea actualizada oportunamente por los funcionarios responsables.

Las solicitudes admitidas estarán disponibles para consulta pública, permitiendo que comunidades, organizaciones y especialistas conozcan los proyectos antes de que exista una decisión definitiva .

Los ciudadanos podrán examinar el contenido de los estudios y presentar observaciones sustentadas sobre posibles afectaciones sociales o ecológicas, fortaleciendo el componente de participación contemplado en el Acuerdo de Escazú .