El Gobierno recurre a un tribunal de la ONU por el petróleo en Malvinas y expertos advierten sobre el riesgo de la jugada

A orillas del río Elba, la ciudad alemana de Hamburgo alberga al Tribunal Internacional del Derecho del Mar .

Hasta allí llegará próximamente una delegación de la Cancillería con la intención de defender los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas , la “causa nacional” que hoy abraza con inusitada fuerza el gobierno de Javier Milei .

Mario Oyarzábal , diplomático de carrera con misiones pasadas en Países Bajos y Naciones Unidas, es el encargado de llevar adelante, como director de la consejería legal internacional , el reclamo que el Gobierno presentará ante el tribunal.

Este lunes vence el plazo de dos semanas que la diplomacia nacional le dio a Gran Bretaña para que frene la actividad de explotación petrolera que, en el contexto del proyecto Sea Lion , llevan adelante las empresas Rockhopper (británica) y Navitas (israelí) en las aguas circundantes a las islas.

Nadie espera que Gran Bretaña revea su posición y la decisión de llevar a cabo la presentación está tomada.

Experimentados diplomáticos consultados por LA NACION advirtieron sobre eventuales consecuencias negativas que ese reclamo unilateral podría traer en la batalla por la recuperación de las islas por la vía diplomática.

La idea del Gobierno y la Cancillería que encabeza Pablo Quirno , afirmaron fuentes oficiales, es que el tribunal −conformado por 21 miembros y creado en 1982 en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar− decida sobre la pertinencia del reclamo argentino ante Gran Bretaña, que rechazó la postura nacional y le adjudicó la intención de “socavar la prosperidad y la seguridad económica de un pueblo con autogobierno”.

El malestar, antes de hacerse público, fue transmitido por la diplomacia británica a la embajadora argentina en Londres, Mariana Plaza.

A diferencia de Gran Bretaña, que sostiene que las actividades relacionadas con hidrocarburos en ese territorio están reguladas por la legislación británica de las Malvinas y que se llevan a cabo “en plena conformidad con el derecho internacional ”, el Gobierno afirma que le asiste al país el derecho de presentarse ante un tribunal independiente y que este defina sobre el asunto sin abordar la cuestión de fondo, la soberanía de las islas, que la Argentina reclama cada año, desde 1965, en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas.

Quirno reiteró esta idea en la cena anual del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), el lunes pasado.

“La confiabilidad se demuestra al honrar los compromisos internacionales asumidos, incluidos los procedimientos de solución pacífica de controversias.

Si Londres sostiene que sus actividades se ajustan al derecho internacional, tendrá la oportunidad de demostrarlo ante un tribunal compuesto por árbitros independientes”, dijo Quirno.