Consejo de Estado descartó que cantidad de decretos expedidos por el Gobierno De la Espriella sea ilegal

El presidente del Consejo de Estado Alberto Montaña afirmó que la eventual expedición de numerosos decretos por parte del gobierno de Abelardo de la Espriella no implica por sí sola una vulneración del ordenamiento jurídico, en una intervención que anticipó cómo responderán las altas cortes a uno de los primeros focos de tensión institucional del nuevo mandato.

Montaña explicó que el Consejo de Estado puede revisar la constitucionalidad y la legalidad de los decretos que no tengan fuerza material de ley.

Cuando sí la tienen, esa competencia pasa a la Corte Constitucional.

El magistrado habló sobre la capacidad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para atender las eventuales demandas contra los decretos anunciados por el nuevo Gobierno.

“Entonces, no necesariamente la cantidad supone una afectación a un Estado de derecho.

Lo importante es que estén enmarcados en la Constitución y la ley, si no tienen esa fuerza material de ley” .

Así mismo, los magistrados del alto tribunal situaron otros dos frentes de presión sobre la justicia: el aumento de tutelas, con una meta de normalización fijada para febrero de 2028, y el avance de procesos por corrupción, entre ellos el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Según lo expuesto por Montaña en el Congreso de la Andi, la potestad reglamentaria del Ejecutivo depende del grado de abstracción o concreción de la ley que desarrolla.

Bajo ese criterio, un decreto no es ilegal ni inconstitucional por regular un asunto determinado, siempre que permanezca dentro de los límites fijados por la Constitución y la ley .

El presidente del alto tribunal también reconoció que una eventual acumulación de demandas se sumaría a un problema estructural de congestión que afecta a toda la Rama Judicial, incluida esa jurisdicción.

Aun así, sostuvo que el sistema cuenta con herramientas para reaccionar cuando una decisión administrativa contradice el ordenamiento jurídico.

Entre esos mecanismos mencionó la suspensión provisional.

“Frente a la evidente contradicción con la ley que puede tener un acto administrativo, existe un mecanismo expedito”.

Montaña rechazó, además, que esa herramienta se utilice por razones coyunturales.