La Superintendencia de Bancos de Guatemala analiza nuevas amenazas para la supervisión financiera

La Superintendencia de Bancos de Guatemala celebró sus 80 años con las Conferencias sobre Supervisión Financiera 2026, realizadas el 17 y 18 de septiembre, en las que reunió a especialistas nacionales e internacionales para debatir la prevención de riesgos bancarios, las nuevas reglas contra el lavado de dinero y las amenazas tecnológicas.

La vigésima sexta edición del encuentro puso el foco en la necesidad de que el sistema financiero anticipe riesgos vinculados con cambios regulatorios, ciberataques, fraude con inteligencia artificial y tensiones geopolíticas.

De acuerdo con la Superintendencia de Bancos, esos factores atraviesan la evolución de la supervisión financiera del país.

Una nueva ley antilavado antes de la evaluación de 2027 El segundo día incluyó el panel “Más allá de la ley, oportunidades y retos del Decreto 15-2026 para Guatemala”, dedicado a la Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

La norma fue sancionada por el Ejecutivo el 17 de junio y entrará en vigor tres meses después de su publicación.

La legislación unifica las disposiciones que estaban repartidas entre los decretos 67-2001 y 58-2005.

El Congreso la aprobó con 147 votos y busca adecuar el marco guatemalteco a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional antes de la evaluación prevista por Gafilat para febrero de 2027.

Entre las nuevas estructuras figura el Consejo Nacional de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero u otros Activos, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, conocido como CONCLAFT.

El organismo será presidido por el vicepresidente de la República.

La ley también refuerza el papel de la Intendencia de Verificación Especial , dependiente de la SIB, que podrá inscribir a personas obligadas, recibir reportes de operaciones sospechosas e imponer sanciones administrativas.

El alcance de esos deberes se extendió a notarios, inmobiliarias y proveedores de servicios de activos virtuales.

Las personas jurídicas responsables del delito podrán recibir multas de hasta USD 625.000 .

La norma incorpora así a nuevos sectores al sistema de prevención y represión de operaciones vinculadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Fraude híbrido y ciberresiliencia para el sistema financiero La jornada del 18 de septiembre incluyó la conferencia magistral “Resiliencia ante el fraude híbrido, cómo la banca de Guatemala debe prepararse para ataques con IA generativa”.