Nicaragua registra al menos 161 desapariciones forzadas desde abril de 2018
Las desapariciones forzadas dejaron de ser hechos aislados o de corta duración para consolidarse como una práctica represiva prolongada, selectiva y sistemática en Nicaragua , según los hallazgos del Grupo de Expertos en Derechos Humanos de Naciones Unidas, presentado este martes ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
Desde abril de 2018, el organismo ha verificado 161 casos de personas detenidas cuyo paradero o situación fue ocultado por el Estado durante días, meses e incluso años.
La cifra, sin embargo, podría ser mayor.
El Grupo advierte que existe un subregistro debido al temor de las familias a sufrir represalias y al desmantelamiento de organizaciones independientes de derechos humanos dentro del país.
Al 31 de agosto de 2026, al menos 29 personas permanecían desaparecidas de forma forzada .
“Lo que comenzó como desapariciones de corta duración, utilizadas para castigar a las personas detenidas e intimidar a sus familiares, ha evolucionado desde 2023 hacia una práctica estratégica y recurrente de desapariciones prolongadas ”, sostiene el informe denominado “Anatomía de la crueldad estatal.
Desaparición forzada y muerte bajo custodia en Nicaragua”, que fue facilitado a Infobae.
La duración de las desapariciones ha variado desde algunos días hasta varios años.
Pero desde 2023, el Grupo identificó un incremento de los casos en los que las víctimas permanecen ocultas durante meses o períodos mucho más prolongados .
La práctica, según el informe, está dirigida contra un universo cada vez más amplio de personas: dirigentes religiosos, activistas políticos, periodistas, líderes indígenas, militares retirados, exfuncionarios públicos, disidentes sandinistas, familiares de opositores y personas vinculadas con organizaciones sociales .
El patrón documentado comienza generalmente con una captura sin orden judicial.
Las detenciones ocurren en viviendas, lugares de trabajo, calles, iglesias o durante operativos policiales simultáneos .
En algunos casos, intervienen policías uniformados junto a civiles armados, personas encapuchadas o vehículos sin placas oficiales.
Después de la aprehensión, las autoridades niegan que la persona se encuentre detenida o se abstienen de revelar dónde está recluida.
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