La defensa de Abel Fatala pidió su absolución en el juicio Sueños Compartidos

La defensa del exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala solicitó su absolución en el juicio Sueños Compartidos , que investiga el presunto desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas sociales a través de convenios firmados con la Fundación Madres de Plaza de Mayo .

El pedido fue formulado por el abogado Lucio Simonetti, quien sostuvo que Fatala “cumplió con las tareas especificadas” en el marco de un plan de descentralización de la obra pública, y argumentó que se trató de un “acto político no judiciable”.

Los principales acusados son los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo Sergio y Pablo Schoklender, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obras Públicas José López.

Según la defensa, a Fatala le reprochan haber pasado por alto controles para aprobar contratos que supuestamente favorecieron la maniobra delictiva.

En ese sentido, Simonetti afirmó que la participación de su cliente fue “técnica” y señaló que, en varios casos, rechazó acuerdos.

El abogado recordó que su defendido asumió el cargo el 3 de septiembre de 2008, cuando ya se habían firmado varios convenios, lo que —según su punto de vista— “lo deja afuera de cualquier supuesto plan delictivo en marcha, o con un rol principal”.

Simonetti también explicó que la tarea de Fatala consistía en validar el trámite que recorría la línea de su subsecretaría, en cumplimiento de un decreto del 2007 que establecía cuáles debían ser los controles, con carácter de declaración jurada.

Además, solicitó la prescripción de la acción penal al considerar que pasaron más de seis años desde lo que describió como el “último acto interruptivo: la citación a juicio el 8 de julio del 2020”.

En ese marco, responsabilizó al perito de la Corte Suprema Francisco Guzmán por las demoras en los avances de la pesquisa.

Por otra parte, la defensa del ex empleado de la Secretaría de Obras Públicas Daniel Freidin también pidió la absolución.

Planteó que su cliente no cumplía tareas de funcionario público porque era asesor mediante un contrato de locación de servicios y aseguró que las normas le impedían hacer un control de gestión.

Sobre Abel Fatala pesa el requerimiento del fiscal Diego Velasco de seis años de prisión, en calidad de autor del delito de administración fraudulenta.

En tanto, para Freidin solicitó cuatro años de cárcel.

En su rol de querellante, la Unidad de Información Financiera (UIF) pidió las mismas penas.