Liberó a condenados por femicidio en Ecuador y terminó en prisión tras ser deportada desde Estados Unidos

La historia judicial de Gina Marisol Zambrano dio un giro definitivo este lunes.

La exjueza de la Unidad Judicial Multicompetente de Montecristi, en la provincia de Manabí, fue condenada a cinco años de prisión por el delito de prevaricato, luego de que un tribunal concluyera que utilizó su cargo para dictar resoluciones contrarias a la ley y ordenar la libertad de personas sentenciadas por delitos de alta gravedad, entre ellas dos condenados por femicidio .

La sentencia cierra un proceso que permaneció suspendido mientras la exfuncionaria permanecía prófuga en Estados Unidos, país al que huyó antes de enfrentar el juicio y desde donde fue deportada en mayo de este año.

La decisión del Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Manabí representa el desenlace de un caso que desde 2023 se convirtió en uno de los ejemplos más visibles de las irregularidades detectadas dentro del sistema judicial ecuatoriano.

Para la Fiscalía General del Estado, Zambrano emitió resoluciones sin competencia territorial y al margen de las normas procesales para beneficiar a personas privadas de libertad que cumplían condenas en el Centro de Rehabilitación Social de Turi , en Azuay, una cárcel ubicada fuera de la jurisdicción donde ejercía funciones.

La investigación comenzó en marzo de 2023, cuando el Ministerio Público abrió un expediente de oficio tras conocer que la jueza había concedido acciones constitucionales que permitieron la salida de internos condenados por delitos graves.

Entre los beneficiarios figuraban dos personas sentenciadas por femicidio, una decisión que generó cuestionamientos de autoridades judiciales y del entonces Gobierno, al considerar que las resoluciones habían sido emitidas sin sustento legal.

Uno de los casos que marcó el proceso fue el de Carlos Flores Santander , condenado por el femicidio de Cristina Palacio, cometido en Cuenca en 2017.

Aunque la resolución que dispuso su libertad fue revocada poco después, el condenado ya había abandonado Ecuador y se trasladó a Venezuela.

Tiempo más tarde surgieron versiones sobre su muerte en un accidente de tránsito, aunque los familiares de la víctima han cuestionado públicamente que esa información haya sido plenamente esclarecida.

Las actuaciones de Zambrano también tuvieron consecuencias administrativas.

El 3 de octubre de 2023, el Consejo de la Judicatura resolvió destituirla por incurrir en error inexcusable, al concluir que había actuado fuera de su competencia para beneficiar, no solo a los dos sentenciados por femicidio, sino también a decenas de procesados por delitos como sicariato, delitos sexuales, muertes violentas y otros hechos contra la vida y la propiedad.

Pocos días después de su destitución fue procesada penalmente por prevaricato.