Un repositor trabajó 6 años “en negro”, pidió que lo regularicen y lo echaron: la empresa fue condenada a pagarle $112 millones

Un trabajador que estuvo casi 6 años sin registrar consiguió un fallo favorable de la Justicia laboral , que condenó a los dueños de un supermercado de Necochea a pagarle $112.336.500 , actualizado por inflación más un 3% anual.

El hombre había comenzado a trabajar en junio de 2015 y continuó hasta abril de 2021 .

Durante ese período realizó tareas de atención al público, reposición y descarga de mercadería , pero su relación laboral nunca fue registrada.

Leé también: ¿Te pueden embargar el sueldo por una deuda de tarjeta de crédito o un préstamo? Qué dice la ley El conflicto terminó en la Justicia después de que el trabajador reclamara que se regularizara su situación, se abonaran salarios y diferencias adeudadas y se realizaran los aportes correspondientes.

Ante la falta de respuesta y el rechazo de sus empleadores a las condiciones laborales denunciadas, se consideró despedido el 8 de abril de 2021.

Qué determinó la Justicia El Tribunal del Trabajo N°1 de Necochea tuvo por acreditada la relación laboral y estableció que se extendió durante 5 años y 10 meses .

Para llegar a esa conclusión tuvo en cuenta, entre otras pruebas, los testimonios de personas que lo habían visto trabajar y la falta de registros laborales aportados por la parte demandada.

Los jueces también consideraron probado que el trabajador cobraba $1.500 por día y que su mejor remuneración mensual normal y habitual debía ser de $53.777,39 según la categoría y las escalas salariales correspondientes.

La Justicia fijó una indemnización millonaria. (Imagen ilustrativa generada con IA) El fallo reconoció diferencias salariales, haberes adeudados, aguinaldos, vacaciones, indemnización por despido, preaviso y distintas sanciones vinculadas con el empleo no registrado.

El monto histórico de la condena fue de $3.321.382,48 , pero al aplicarse la actualización correspondiente llegó a $112.336.500 al 26 de agosto de 2026 .

Un fallo que cuestionó la reforma laboral La sentencia tuvo además otro punto relevante: el Tribunal declaró la inconstitucionalidad del artículo 55 de la ley 27.802 , al considerar que el mecanismo previsto para actualizar créditos laborales en juicios ya iniciados podía perjudicar a los trabajadores que habían recurrido a la Justicia.

Los magistrados entendieron que esa disposición afectaba, entre otros derechos, la igualdad ante la ley, el derecho de propiedad y el acceso a la Justicia.

Por eso resolvieron aplicar el mecanismo de actualización previsto en el artículo 54: IPC más un 3% anual .

La sentencia estableció que el monto deberá ser abonado dentro de los diez días de notificada la resolución.