La Justicia ordenó medidas y aceptó como querellantes a Tolosa Paz y a Quintela en la causa por el manejo de fondos viales

El juez federal Ariel Lijo ordenó medidas de prueba y aceptó como querellantes a la diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela , en la causa “SisVial”.

El magistrado investiga el manejo del fondo fiduciario Sistema Vial Integrado, que se nutre del impuesto a los combustibles para financiar obras públicas en rutas nacionales.

Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, la investigación avanzará sobre la reconstrucción de la ruta del dinero del SisVial y el estado actual de obras viales que fueron denunciadas como “paralizadas”.

Una investigación de La Nación reveló que el gobierno de Javier Milei recaudó más de $1.5 billones en este fideicomiso, pero ejecutó apenas un cuarto para construir y arreglar las rutas.

Más de un billón de pesos permanecía a fines de mayo generando rendimientos en instrumentos financieros como plazos fijos o títulos públicos.

Los decretos 976/2001 y 1377/2001 que crearon el SisVial establecen que el destino de sus fondos debe ser únicamente para financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de las rutas.

De igual manera, la Ley N° 23.966 regula el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL), fijando un porcentaje que debe asignarse directamente a este fideicomiso vial.

La revelación sobre el manejo de los fondos llevó a que se realizaran denuncias en los tribunales federales de Comodoro Py.

El Juzgado Federal N° 11 —subrogado por Lijo— y el fiscal federal Carlos Stornelli llevan adelante la pesquisa.

Victoria Tolosa Paz hizo la primera presentación y pidió ser querellante para participar activamente en el expediente, aportar pruebas e impulsar medidas .

Luego la siguió Ricardo Quintela.

Ambos alegaron haberse visto damnificados —en su calidad de representantes— por la supuesta paralización de obras en las provincias de Buenos Aires y La Rioja, que ahora investiga la Justicia.

Además, el juez Lijo incluyó en la querella riojana al fiscal de Estado provincial, Segundo Emilio Rodríguez , y el fiscal adjunto, Gustavo Roque Ibarra .

En su resolución, a la que tuvo acceso Infobae , el juzgado aplicó un criterio amplio respecto a la legitimación procesal de los denunciantes, al recordar que la jurisprudencia no exige una certeza absoluta sobre la calidad de ofendido directo en el inicio de la investigación , sino que basta con la hipótesis de un perjuicio real y concreto derivado de los hechos denunciados para autorizar su participación como querellantes.