Gobierno panameño aprueba proyecto de ley que amplía participación privada en el desarrollo de obras

El Consejo de Gabinete aprobó el proyecto de ley 34-26, una iniciativa que plantea modificaciones a la Ley 93 de 19 de septiembre de 2019, creadora del Régimen de Asociación Público-Privada (APP).

La propuesta apunta a ampliar el desarrollo de obras mediante la participación privada , con el propósito de atraer inversiones, promover proyectos de impacto social y generar puestos de trabajo.

El documento que acompaña la iniciativa sostiene que Panamá cuenta desde 2019 con un marco regulatorio propio para impulsar obras y servicios bajo esa modalidad, utilizada en distintos países.

Tras más de seis años de vigencia, la evaluación oficial considera que el régimen tuvo resultados positivos , aunque requiere ajustes para mejorar su funcionamiento.

El análisis identificó etapas que se extienden más de lo necesario y procedimientos que podrían simplificarse sin afectar los mecanismos de supervisión y las garantías previstas por la normativa.

La reforma no propone reemplazar el sistema aprobado en 2019.

La intención es adecuarlo a la experiencia obtenida en el país y a prácticas internacionales que permitan corregir aspectos de su aplicación.

Uno de los objetivos consiste en acelerar la provisión de infraestructuras y servicios de calidad.

El proyecto también plantea fortalecer las funciones de las entidades que intervienen en el diseño, la estructuración y la licitación de las iniciativas.

La iniciativa busca una participación más activa del sector privado y un marco que incentive la competencia entre los interesados en desarrollar los proyectos.

El planteamiento oficial sostiene que una regulación más eficiente puede movilizar recursos privados y reducir el costo total de las obras tanto para el Estado como para los usuarios.

A la vez, el proyecto propone reforzar los estándares técnicos , la disciplina fiscal, la transparencia y los controles aplicables a cada asociación público-privada.

La meta es que cada iniciativa responda a una necesidad comprobable y que los recursos públicos comprometidos ofrezcan resultados proporcionales a su costo.

Según la exposición de motivos, los cambios permitirían estructurar y ejecutar una mayor cantidad de proyectos en plazos más cortos y con esquemas de financiamiento más eficientes.