Nostalgia entre las olas: El triste desarraigo de los pueblos afrodescendientes del golfo de Panamá

Las comunidades afrodescendientes de Casaya, Casayeta y Bolaño, en el archipiélago panameño de Las Perlas , reclaman el retorno de las familias que dejaron las islas ante la pérdida de territorio, el cierre de la escuela y la falta de servicios básicos como agua potable, electricidad y atención sanitaria.

La situación ha fragmentado familias y redujo la presencia de habitantes en las islas, ubicadas en el municipio de Balboa, en el golfo de Panamá .

Para quienes permanecen allí o debieron trasladarse a Ciudad de Panamá, el conflicto no se limita a la disputa por la propiedad: afecta la continuidad de la vida comunitaria, el acceso a la educación y la posibilidad de que niños y jóvenes crezcan en el lugar de origen de sus familias, de acuerdo a datos de la ONU.

“Es muy difícil haber crecido con tus primos, con tus hermanos, corriendo, saltando, brincando, nadando, visitando todo el archipiélago, poder pasar el verano y parte del año en este paraíso, y que de repente todo se desvanezca”, relató Nairobi Centeno, cuya familia proviene de Casayeta .

La población de estas islas desciende de personas africanas esclavizadas que fueron llevadas al archipiélago durante la colonia española para trabajar en la extracción de perlas .

Con el paso de los años, las familias consolidaron comunidades dedicadas a la pesca, la agricultura y la artesanía.

Los habitantes sostienen que sus derechos sobre las tierras ancestrales fueron desconocidos pese a resoluciones y documentos que, según afirman, respaldan su posesión.

Armando Pinto, vicepresidente del Comité Pro Rescate de las islas Casaya, Casayeta y Bolaño , denunció que autoridades locales vendieron parcelas a terceros y redujeron de forma progresiva el espacio disponible para la comunidad.

“Nos sentimos vulnerados en nuestros derechos ancestrales y en los derechos que todo pueblo y todo ser humano tiene aquí en la tierra”, afirmó Pinto.

El Movimiento Afropanameño informó en 2025 al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas que persiste la inseguridad jurídica sobre los territorios de Casaya, Casayeta y Bolaño .

En su presentación, señaló que la entrega irregular de títulos a terceros provocó el cierre de la escuela, la falta de servicios básicos y la ausencia de un centro de salud, pese a la existencia de una sentencia firme y pronunciamientos de instituciones estatales que, según la organización, ordenan o respaldan la devolución de los terrenos a sus moradores.

Maritza Cajar, habitante de Casayeta de 66 años, resumió la situación con una frase: “La gente de plata nos quiere quitar la tierra y eso lo estamos peleando”.

El cierre de la escuela acentuó la salida de familias.