Casación rechazó los planteos de las defensas y continuará la investigación por irregularidades en el dragado del Río Uruguay

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal desestimó los recursos de queja presentados por los exfuncionarios implicados en la causa que investiga supuestas irregularidades en la contratación de las obras de dragado del Río Uruguay.

Con esta decisión, firmada por los jueces Gustavo M.

Hornos y Mariano Hernán Borinsky , la Justicia ratificó la continuidad de la pesquisa sobre las maniobras que habrían perjudicado las arcas del Estado Nacional.

El caso comenzó en 2019 a raíz de una denuncia presentada por el ingeniero Carlos Jaime Hartwig .

El denunciante alertó a las autoridades judiciales sobre posibles conductas delictivas en las licitaciones llevadas a cabo por la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), un organismo binacional integrado por Argentina y Uruguay.

La presentación inicial advirtió sobre una supuesta cartelización de las compañías que participaron en los procesos de selección, sobreprecios en los montos abonados y la posible comisión de delitos como asociación ilícita, fraude a la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.

La investigación judicial, que tramita ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, hizo foco en el Concurso de Precios 009/2017 , cuyo objeto consistió en la adjudicación de las tareas de apertura, profundización y mantenimiento del canal fluvial desde el kilómetro 0 hasta el 206,8.

En ese contexto, la justicia imputó a Mauro Héctor Vazón , Juan Enrique Ruiz Orrico y Jorge Diego Satto , quienes se desempeñaban como representantes de la delegación argentina dentro del ente binacional.

De acuerdo con la hipótesis acusatoria, los involucrados participaron en una maniobra para beneficiar de manera indebida a la firma Jan de Nul mediante un contrato que ascendió a casi 40 millones de dólares .

Para los investigadores, esa cifra resultó notoriamente superior a los valores de mercado vigentes en ese momento, careció de sustento técnico y constituyó una decisión antieconómica para el patrimonio público.

Si bien con posterioridad se dictó la falta de mérito para los acusados, el juzgado dispuso profundizar la recolección de pruebas para esclarecer los hechos.

Frente a este escenario, los abogados defensores interpusieron diversos planteos para frenar el avance del expediente.

Entre sus argumentos principales, alegaron la falta de acción, la incompetencia de los magistrados locales y la falta de jurisdicción de los tribunales argentinos.

Las defensas sostuvieron que la justicia argentina carece de facultades para auditar las decisiones de un ente internacional y binacional como la CARU, el cual, según su postura, goza de inmunidad de jurisdicción.