Homicidios en Costa Rica y pagos en cocaína, el vínculo que un fiscal adjunto detalló al Wall Street Journal

Un fiscal general adjunto de Costa Rica puso en cifras lo que The Wall Street Journal , diario estadounidense, documentó en un reportaje publicado el 26 de agosto: los homicidios en el país subieron 50% desde 2020 , y buena parte de esa violencia se explica por los pagos en cocaína que organizaciones de México, Colombia y Europa hacen a sus socios locales.

Así lo declaró Mauricio Boraschi al diario, según retomó El Mundo CR a partir de esa publicación.

“Muchas de las víctimas están vinculadas con estos grupos criminales, pero el número de víctimas colaterales también ha crecido exponencialmente”, advirtió Boraschi.

El mecanismo es directo: las organizaciones transnacionales pagan sus servicios con droga, los grupos costarricenses la venden en el mercado interno y las disputas territoriales por ese negocio alimentan los asesinatos.

Costa Rica, principal corredor de cocaína desde 2020 El punto de inflexión fue 2019, cuando la terminal de contenedores de Moín , en la costa caribeña, comenzó a operar.

Según el diario estadounidense, las organizaciones criminales identificaron de inmediato la oportunidad: la instalación procesó más de seis millones de toneladas de exportaciones el año pasado, un volumen que facilita mover cargamentos de droga a una escala sin precedentes en el país.

El Departamento de Estado de Estados Unidos , citado por el diario, estableció que desde 2020 Costa Rica se convirtió en el principal punto de tránsito de cocaína sudamericana con destino a Estados Unidos y Europa.

Las autoridades costarricenses y europeas anunciaron el año pasado el desmantelamiento de una red que enviaba cocaína en contenedores de yuca congelada.

La provincia de Limón , donde está el puerto, concentra el impacto más grave: su tasa de homicidios supera en más del doble el promedio nacional.

La ciudad, de unos 70,000 habitantes, era considerada relativamente segura hace pocos años.

Tres vehículos patrulla contra el crimen organizado El jefe de la policía municipal de Limón, Jeison Arce , reconoció ante el diario la desproporción de la batalla: su fuerza dispone de apenas tres vehículos patrulla frente a organizaciones con recursos económicos mucho mayores.

Algunos jóvenes se incorporan a las bandas ante la falta de alternativas laborales.

El asesinato del agente Gerson Rosales , de 28 años, abatido durante una patrulla por presuntos miembros de una banda local, se convirtió en uno de los casos más representativos de esta etapa.

Tras su muerte, la presidenta Laura Fernández impulsó nuevas iniciativas legislativas para endurecer las penas.