La agenda puede ordenar la conversación, pero no reemplazar la realidad

Toda gestión busca instalar una agenda.

Es parte de la política: elegir prioridades, poner problemas en el centro de la conversación y explicar cómo deberían ser interpretados.

Pero hay una diferencia entre proponer un tema y pretender imponer una realidad.

La primera es una estrategia de comunicación; la segunda suele chocar con algo más difícil de controlar: lo que las personas ven, recuerdan y viven.

Un gobierno puede lograr que durante días se discuta sobre un asunto.

Puede ordenar vocerías, repetir una consigna y conseguir que medios y dirigentes hablen de los términos que eligió.

Sin embargo, eso no significa que la ciudadanía vaya a aceptar automáticamente el sentido que intenta darle.

La agenda puede definir de qué se habla, pero no siempre cómo se lo entiende.

En la Argentina hay ejemplos distintos de esa tensión.

El gobierno de Javier Milei volvió a poner en discusión la memoria sobre la última dictadura con el planteo de la “memoria completa”, cuestionamientos a la cifra de 30.000 desaparecidos y una lectura que equipara la violencia de las organizaciones guerrilleras con el terrorismo de Estado.

Esa posición puede instalarse en el debate público, pero también encuentra límites en la memoria social, en la historia y en el consenso democrático construido desde el regreso de la democracia.

En otro plano, el kirchnerismo construyó durante años una narrativa que ubicó las causas judiciales contra sus dirigentes dentro de una persecución política.

Esa explicación forma parte de su estrategia de defensa y de su identidad política.

Pero, en la causa Vialidad, la condena a Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema.