Diputados aprobó la adhesión al tratado internacional de patentes con una concesión a los laboratorios nacionales

El Gobierno logró ratificar en Diputados la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT, por sus siglas en inglés) por amplia mayoría.

Se trata de un acuerdo internacional que busca unificar y agilizar el proceso para proteger una invención en el exterior.

Obtuvo en general y particular 147 a favor, 93 en contra y ninguna abstención .

El proyecto deberá volver en revisión al Senado para su ratificación final por una modificación introducida en Diputados.

A pedido de los laboratorios nacionales, la Cámara baja incorporó una reserva al capítulo II del PCT.

Ese apartado habilita al INPI -el organismo encargado del registro de patentes- a apoyarse en informes técnicos no vinculantes elaborados por oficinas extranjeras para analizar nuevas invenciones.

La Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA) , principal opositora al proyecto, advirtió que esos criterios podrían influir en las decisiones locales y facilitar la aprobación de patentes que hoy son rechazadas en el país.

Los laboratorios nacionales temen que el PCT facilite la extensión de patentes sobre medicamentos ya existentes a partir de modificaciones menores.

Advierten que eso podría demorar la aparición de genéricos, reducir la competencia y, como consecuencia, encarecer los precios de los medicamentos.

La libertaria Juliana Santillán , que defendió el acuerdo como miembro informante del proyecto, sostuvo que el PCT “no concede patentes internacionales ni limita la soberanía de los Estados”, ya que cada país conserva la potestad de decidir qué innovaciones aprueba.

Desde la oposición, Santiago Cafiero (UP) adelantó el rechazo de su bloque y cuestionó la adhesión al PCT al sostener que es “una concesión dentro de un acuerdo entre Estados Unidos y Argentina” que, según afirmó, perdió su reciprocidad.

“Estamos dando concesiones y del otro lado no hay nada”, dijo.

Su compañero de bloque, Pablo Yedlin, advirtió sobre algo crucial: tras la eliminación de las reglas que limitaban los medicamentos que podían patentarse, la decisión quedará en manos de trabajadores del INPI que, según afirmó, cobran menos de $2 millones y deben resolver sobre patentes “multimillonarias”.

“Le estamos poniendo en responsabilidad de un funcionario público que cobra dos millones de pesos la decisión de patentar o no un medicamento de estos precios.