Sanción tras sanción de EEUU a Cuba: defensa, comercio exterior, turismo y personalidades

La Habana, 21 ago (EFE).- Desde mayo, Estados Unidos ha aplicado nueve rondas de sanciones a Cuba, en las cuales han sido incluidas 31 personas y 49 empresas, cumpliendo así la máxima de Washington de dejar a la isla “sin escapatoria”.

Cuba ha calificado las acciones de “fracasada obsesión”, mantiene una retórica de resistencia frente a la crisis energética y económica y se ha visto forzada a implementar una liberalización de 176 reformas.

Washington ha aplicado quirúrgicamente la Orden Ejecutiva 14404 del 1 de mayo firmada por el presidente, Donald Trump.

El objetivo estadounidense: evitar las relaciones de empresas extranjeras con entidades y personas relacionadas con el Gobierno cubano y frenar su implicación en sectores clave como energía, defensa, finanzas, minería y seguridad.

De manera simbólica, Estados Unidos impuso las primeras sanciones en mayo al conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Gaesa, y su presidenta, Ania Guillermina Lastres.

Un golpe de efecto contra todos los sectores estratégicos del país caribeño y una señal para los inversionistas extranjeros.

Según los expertos, Gaesa controla más del 40 % del producto interno bruto (PIB) de Cuba, con un amplio portafolio que va desde los hoteles a las telecomunicaciones, pasando por la distribución minorista en dólares, la venta de combustible, las aduanas, el sector inmobiliario, la logística y el transporte de pasajeros, entre otros.

También, incluyó en la lista entidades financieras vinculadas a Gaesa como Rafin y el Banco Financiero Internacional (BFI).

Entidades operadas directamente por las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y sus dirigentes fueron incluidas en la lista estadounidense. Entre ellas destacan la Unión de Industria Militar (UIM), la Empresa Militar Industrial Yuri Gagarin y la importadora Tecnotex.

La Administración Trump impuso además sanciones contra el Ministerio de las Fuerzas Armadas de Cuba, las Milicias de Tropas Territoriales (MTT); las Brigadas de Respuesta Rápida, así como la Dirección General de Inteligencia (DGI) del Ministerio del Interior de Cuba (Minint).

En enero pasado, Estados Unidos detuvo los envíos de petróleo desde Venezuela a Cuba, tras el arresto de Nicolás Maduro, mientras que Trump amenazó con aranceles a aquellos países que suministren crudo a La Habana.

Se suman a estas sanciones la reciente inclusión de la petrolera estatal cubana Unión Cuba-Petróleo (Cupet) -que se dedica a la extracción, refinamiento y producción de crudo en la isla-, así como el Centro de Investigaciones del Petróleo. El ministro cubano de Energía, Vicente de la O Levy, también fue sancionado.

Además, Washington puso en el punto de mira a empresas extractivas pesadas como Moa Nickel S.A. y Geominera S.A., además de la Empresa Siderúrgica José Martí (Antillana de Acero). El objetivo es frenar la exportación de metales y minerales preciosos que aportan divisas netas a las arcas estatales.

En las baterías de medidas más recientes se incluyó al propio Ministerio de la Construcción, así como a centrales de importación y contratación como Tecnoimport.