Nueva EPS debería destinar $200.000 millones liberados de embargos para atender la emergencia por el terremoto, aseguró la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación pidió a Nueva EPS destinar a la atención de sus afiliados y a la respuesta del sistema de salud frente a la emergencia causada por el terremoto del pasado 10 de agosto los $203.356 millones que quedaron disponibles tras el levantamiento de medidas cautelares sobre recursos de la entidad.

El monto exacto corresponde a $203.356.250.904, dineros pertenecientes al Sistema General de Seguridad Social en Salud que permanecían retenidos dentro del proceso ejecutivo 2023-484 , tramitado ante el Juzgado 26 Civil del Circuito de Bogotá.

La decisión judicial permitió dejar sin efecto los embargos y liberar los recursos para su utilización dentro del sistema.

El Ministerio Público señaló que el agente especial interventor de Nueva EPS deberá administrar la suma de manera “efectiva, oportuna y transparente”, con especial atención a las necesidades de los usuarios y a las condiciones generadas por la emergencia social y económica derivada del sismo.

De acuerdo con la Procuraduría, el propósito es que los recursos se traduzcan en una mejora concreta de la prestación de los servicios de salud, incluyendo el acceso oportuno a consultas, procedimientos, tratamientos y medicamentos.

La entidad de control también advirtió que se debe garantizar la continuidad de la atención para los pacientes cuyos tratamientos no pueden ser suspendidos.

Suspensión de 40 procesos permitió liberar los recursos La medida judicial fue adoptada luego de las actuaciones adelantadas por la Delegada para Asuntos Civiles, del Trabajo y la Seguridad Social de la Procuraduría, que solicitó al despacho judicial proteger los recursos destinados a la prestación de los servicios de salud.

En el marco de esta actuación fueron suspendidos 40 procesos ejecutivos que se encontraban en trámite en Bogotá.

La intervención del Ministerio Público buscó evitar que recursos con destinación específica fueran afectados por medidas cautelares que, según la entidad, podían comprometer la capacidad financiera de Nueva EPS para cumplir con sus obligaciones dentro del sistema.

La Procuraduría sostuvo que los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud cuentan con una protección constitucional y legal especial.

Por ello, insistió en que deben permanecer destinados a garantizar la prestación de los servicios y no pueden ser utilizados para fines distintos a los establecidos por la normativa.

La actuación se desarrolla mientras Nueva EPS permanece bajo intervención forzosa y enfrenta dificultades financieras y operativas que han generado preocupación por la continuidad de la atención a sus afiliados.