La quinta de Pilar: el laberinto que protege al poder

La investigación por la fastuosa propiedad de Villa Rosa, Pilar , ha dejado de ser un caso de presunto enriquecimiento ilícito para convertirse en una prueba de fuego para la independencia del sistema judicial argentino.

Lo que comenzó en diciembre de 2025 como una denuncia por posible lavado de activos vinculado a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ), hoy se ha transformado en algo más inquietante: un recorrido interminable por despachos que, paso a paso, se acerca a la instancia que los propios investigados venían reclamando desde el primer día.

Lo que debería haber avanzado con celeridad ha transitado, en largos ocho meses, por 14 despachos judiciales distintos sin llegar a una definición de fondo.

El recorrido da cuenta de una inestabilidad procesal difícil de justificar: el juez Daniel Rafecas ordenó los primeros allanamientos y medidas de prueba; luego, la Cámara de San Martín lo derivó al Juzgado Federal de Campana , a cargo de Adrián González Charvay , y tras dilaciones y chicanas, pasó al fuero penal económico porteño, donde se avanzó con pericias y cruces financieros.

Sin embargo, hace unos días, la Cámara Federal de Casación resolvió devolverlo nuevamente a Campana, que, curiosamente, se trata del juzgado por el que venía pidiendo, con insistencia, la defensa de los investigados.

La decisión de Casación, del 14 de agosto, se adoptó con los votos de los camaristas Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky , y la disidencia del juez Alejandro Slokar , quien advirtió sobre las falencias del desplazamiento.

El argumento central del fallo se fundamenta en que el lavado de activos corresponde a la justicia federal y no al fuero especializado, pero choca contra una circunstancia llamativa: Barroetaveña fue, hasta noviembre de 2025, presidente del tribunal de ética de la propia AFA , entidad cuyas autoridades resultan involucradas en la pesquisa, además de haber asistido a la fiesta de cumpleaños de Carlos Mahiques en la citada quinta de Pilar.

Debió haberse excusado de intervenir en la causa judicial, pero no lo hizo.

El fiscal general Mario Villar apelará la decisión de la Cámara Federal de Casación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación .

El inmueble en cuestión supera las 10 hectáreas.

Cuenta con helipuerto, haras, pistas deportivas, accesos biométricos y un galpón donde se secuestraron 54 vehículos de alta gama y colección, entre deportivos, clásicos y motos, valuados en conjunto en cerca de 4 millones de dólares.

El peritaje oficial tasó el complejo completo en más de 20 millones de dólares , muy lejos de los 1,8 millones que declararon quienes figuran como dueños ficticios.